El Ejecutivo presenta a Audiencia Pública el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones

Pablo Álvarez

Asesor Jurídico

El 11 de Septiembre del presente mes se ha iniciado el periodo de audiencia pública para la redacción del Anteproyecto de Ley General de las Telecomunicaciones, dando cumplimiento de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

El plazo para realizar aportaciones a este anteproyecto de ley, en la página web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital vence el día 13 de Octubre.

Con esta tramitación, se cumple uno de los compromisos estratégicos de “España Digital 2025” tratando de buscar una Ley General de Telecomunicaciones que mejore la conectividad y sea el detonante de la transformación digital en España.

Por un lado, se regulan tanto los servicios de comunicaciones electrónicas como aquello referente a los equipos de telecomunicaciones, cuestiones referentes a infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios y todos los usos del dominio público radioeléctrico.

Otra de las novedades es que se regula por primera vez en España los servicios de comunicación interpersonal no basado en numeración o mensajería, es decir, servicios como WhatsApp o Telegram entre otros, haciendo que este tipo de operadores de servicios paguen la tasa ya contemplada en la conocida Ley 9/2014.

Se prevé que a estos operadores se les aplique una tasa de un euro por cada mil que ingresen al año (1€x1000 de facturación), siempre y cuando se superen facturaciones a un millón de euros.

Si bien, a este tipo de servicios se les ha impuesto obligaciones de carácter administrativo tales como la inscripción en el Registro de Operadores y una obligación de contemplar medidas de seguridad relacionadas con el entorno en el que se desenvuelve su actividad diferenciándose de tal forma de los servicios tradicionales de comunicaciones.

Si algo claro nos ha dejado la crisis sanitaria del COVID-19 es que las telecomunicaciones son importantísimas en nuestro día a día, por lo que este anteproyecto busca facilitar el acceso en igualdad de condiciones y flexibilizar el servicio de las comunicaciones electrónicas.

A tal efecto, se pretende eliminar las aún existentes cabinas de teléfono, y las guías telefónicas, y otro de los objetivos es incluir velocidades potentes que garanticen servicios digitales que se están convirtiendo esenciales como el correo electrónico, periódicos electrónicos o banca online.

Se pretende realizar la armonización comunitaria prevista en el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas de cara a fortalecer la transparencia en los contratos, limitar la duración y realizar una regulación de los paquetes de servicios. También se produce una ampliación considerable de los derechos de los usuarios en relación con la portabilidad móvil y las obligaciones para los usuarios que tengan una discapacidad.

Otra de las novedades a tener en cuenta es la introducción de nuevas facilidades en cuanto al desarrollo de los sistemas de alerta a la población en caso de que se produzcan grandes catástrofes o emergencias y poder disponer de una ubicación más precisa de las personas que realizan las llamadas al servicio de urgencias del 112.

También se incluye una revisión de las normas de gestión del espectro radioeléctrico siendo este, el conducto por donde circulan las redes, todo ello con la pretensión final de facilitar el despliegue del 5G y otros servicios inalámbricos innovadores. Se establece el plazo de 20 años de duración mínima para las licencias asociadas a los usos que limitan este espectro.

Lo cierto es que este anteproyecto de ley, conserva lo que en esencia un día se comenzó a realizar a través de inversión privada y desarrollo en España de la más extensa red de fibra óptica de Europa que sirvió para fundamentar el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.

En conclusión, veremos si con el tiempo, la introducción de esta nueva norma conseguimos obtener unos resultados cortoplacistas de cara a mejorar la infraestructura digital de nuestro país.

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