Caducidad del procedimiento sancionador tributario

La Audiencia Nacional declara que el incumplimiento del plazo señalado normativamente debe tener la consecuencia de la caducidad del expediente. Todo viene después de que una empresa fuese inspeccionada por el concepto deImpuesto sobre Sociedades con imposición de sanciones. Interpuestas las pertinentes reclamaciones económico-administrativas, el TEAC confirmó las liquidaciones dictadas anulando las sanciones y procediendo a sustituirlas por otras. Resolución que fue impugnada ante la Audiencia Nacional.

El objeto de discusión es la legalidad de la ejecución del acuerdo del TEAC en relación con las sanciones impuestas, dado que transcurrieron más de tres meses desde la notificación de la resolución que obliga a ejecutar la resolución del TEAC, plazo máximo que, según la demandante, dispone  el art. 209.2 LGT.

Sin embargo, la AN declara que la situación no se corresponde con el plazo del art. 209.2 LGT, sino que se trata de la ejecución de una resolución del TEAC por lo que deben aplicarle las normas que regulan con carácter general los procedimientos de revisión en vía económico-administrativa. El Reglamento al que citan, señala que los actos deberán ser notificados en el plazo de un mes desde que dicha resolución sea registrada.

En cuanto a la superación de los plazos señala que en los procedimientos de oficio, el vencimiento del plazo máximo sin que se haya notificado la resolución producirá los efectos previstos en la normativa reguladora. En ausencia de regulación expresa, cuando se trate de procedimientos susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen se producirá la caducidad del procedimiento.

En definitiva, el incumplimiento del plazo señalado en el art. 66.2 RD 520/2005, y ante la ausencia de previsión en el propio reglamento, debe tener la consecuencia que señala el art. 104 LGT , esto es, la caducidad del expediente, con los efectos inherentes a esa caducidad: el archivo de las actuaciones.

 

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