El fin de más de 40 años de neutralidad de los dividendos

La Ley del Impuesto sobre Sociedades tiene como uno de sus objetivos centrales que la aplicación del tributo no genere cambios sustanciales en el ámbito empresarial. Por ello, se estableció en base a los principios constitucionales de neutralidad, igualdad y justicia.

Sin embargo, dentro de las reformas del Impuesto sobre Sociedades contempladas por el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, la medida con mayor impacto terminará con más de 40 años de neutralidad fiscal respecto a los dividendos.

Los Impuestos sobre Sociedades se crearon en 1978 con el fin de garantizar la repartición de beneficios entre las empresas de un mismo grupo de manera neutral desde un punto de vista fiscal. Pero lo que comenzó como una reducción en la cuota a pagar se ha ido trasladando en el tiempo a una disminución de la base imponible. No obstante, ambos casos garantizaban que se pudiera trasladar beneficios entre las sociedades de un mismo grupo sin que se les imponga un gravamen adicional.

De aprobarse el nuevo proyecto presentado ante las Cortes, la distribución de los bienes sería sometida a tributación y esta neutralidad dejaría de existir. Vale la pena mencionar que el gravamen sería sólo un 5% del importe recibido, suponiendo una tributación efectiva del 1,25% para la mayoría de las sociedades, pero el impacto global de la medida supondría una recaudación adicional que superaría con creces los mil millones de euros.

El contrato por el que se acuerde la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor de un tercero es nulo de pleno derecho.

El problema no es la cantidad a tributar sino que esta imposición no va de acorde al principio de capacidad económica; están haciendo tributar rentas que ya han sido objeto de gravamen y cuyo reparto no supone ninguna riqueza adicional para un grupo empresarial.

Por otro lado, el gravamen sobre los dividendos supone un retroceso a la salida al exterior de las compañías españolas, ya que la obtención de beneficios en el extranjero queda sometida a un gravamen adicional cuando los estos se repatrien a nuestro país. Esto supone la eliminación del último de los incentivos a la internacionalización después de que desaparecieran, por distintos motivos, la deducción por actividades exportadoras, la amortización del fondo de comercio financiero en la compra de entidades no residentes o la exención de las UTEs que operaban en el extranjero, entre otros.

Esto, además de trabar la salida de nuestras empresas al exterior, también dificulta el ingreso de capital extranjero, dificultando que España sea considerada un territorio interesante donde centralizar las inversiones.

Sin embargo, quienes respaldan esta norma afirman que lo reducido de este gravamen no ocasionará este tipo de consecuencias. Esperemos por el bien de la economía de nuestro país que esto se cierto, en caso finalmente aprueben la norma.

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