En plena negociación del borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, el Gobierno analiza la posibilidad incluir en el mismo la eliminación de las actuales exenciones en el IVA de la sanidad y educación privada, aplicando en su lugar un tipo del 21%.

Dicha medida se basa en el informe emitido por la Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para el Ministerio de Hacienda en junio de 2019, que aconseja la eliminación de dichas exenciones, aunque avisa de que esta medida podría conllevar un aumento del gasto público en dichas actividades.

Según los datos del estudio realizado por la AIReF, la aparente y cuantiosa subida en la recaudación por IVA que esta medida originaría, se valora en 1.763 millones de euros en lo que respecta a sanidad y 1.694 millones de euros en el caso de la educación,

Por otro lado, dicho informe también advierte de los efectos en el gasto público que tendría su aplicación.

En el caso de la educación, prevé que una parte considerable del alumnado que actualmente estudia en el ámbito privado se pasaría a la educación pública, evitando así el coste de la nueva aplicación del IVA de este servicio, e incrementando por lo tanto el gasto a absorber por el sistema público.

De forma similar se resentiría también el consumo en la sanidad privada, cuyo abandono por parte de los actuales asegurados al mismo originaría una traslación al Sistema Nacional de Salud, con el consiguiente impacto en las arcas públicas.

El abandono de estos servicios privados por parte de los estudiantes o asegurados, que tendría que absorber el sistema público a partir de ahora, provocaría una obligada mejora del mismo, adecuando los servicios a la creciente demanda que se originaría. La cuantificación de estas mejoras según la AIReF ascendería a 2.145 millones en el caso de la sanidad, y de 1.891 a 2.161 millones en el caso de la educación, importes que incrementarían el gasto público actual.

En consecuencia, en base a los datos facilitados por la AIReF, el gasto en educación y salud se vería incrementado en una horquilla situada entre los 579 y 849 millones.

En definitiva, esta medida puede ser aparentemente beneficiosa para el gobierno, pero no tanto para las comunidades autónomas, al ceder el Estado el 50% de la recaudación líquida por IVA a las mismas. En lo que respecta al incremento de los gastos originados por la aplicación de esta medida, recaerían mayoritariamente sobre las comunidades autónomas, que son quienes tienen transferidas las competencias en estas materias.