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Proyecto de Real Decreto de Inversiones Exteriores

La inversión extranjera directa es uno de los mecanismos más eficaces para facilitar la integración económica internacional. Concretamente, para España, la inversión extranjera ha sido clave para la modernización de la economía. La inversión exterior puede definirse como el movimiento de capitales entre residentes y no residentes que suponga la adquisición o el aumento de una posición acreedora frente a sociedades de capital o fondos de inversión, o la adquisición de un inmueble.

A continuación, se va a hacer un repaso sobre la regulación que hay tanto a nivel comunitario como a nivel nacional en esta materia. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) recoge en su artículo 63 la prohibición de restricciones a los movimientos de capital entre Estados miembros (EEMM), y entre terceros países y EEMM. Por su parte, el precepto 65.1 b) del mismo texto legal permite que los EEMM instauren procedimientos de declaración de movimientos de capitales con el objetivo de recabar información administrativa o estadística, y que los Estados miembros adopten las medidas que consideren convenientes, siempre que estén justificadas por razones de seguridad, orden y salud públicos.

A nivel nacional, se debe hacer mención a la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, mediante la cual se incorporaron al ordenamiento jurídico español las disposiciones sobre esta materia del Tratado constitutivo de la Unión Europea (TCE), y el Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre Inversiones Exteriores, anterior a la mencionada ley, y que establece la exigencia de declaración de las operaciones de inversión extranjera en España y viceversa, en el Registro de Inversiones.

La finalidad de este Real Decreto es actualizar el procedimiento de declaración de las operaciones de inversión extranjera en España, y de España en el extranjero. La norma se estructura en veinticinco artículos distribuidos en cuatro capítulos, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

El referido cuerpo legal cambia diversos aspectos. Entre otras cosas, modifica algunas cuestiones del procedimiento de autorización administrativa que deben solicitar las empresas extranjeras que quieran invertir en España. Asimismo, introduce novedosas operaciones, y elimina la obligación de declarar las inversiones en valores negociables que no llevan aparejada la intención de influir en el control de una empresa. Aunque estos son sólo algunos de los cambios.

Lo más relevante es la suspensión del régimen general de liberación para algunas inversiones extranjeras en nuestro país. El proyecto, además, recoge el régimen de autorización previa de inversiones exteriores, que reduce a tres meses el plazo que tiene la administración para emitir su autorización. Se regula también el régimen de autorización previa para determinas inversiones exteriores de terceros países.

Se trata, pues, de una norma que introduce cambios en la regulación que hasta ahora regía para las inversiones exteriores. En conclusión, tanto la moratoria de la suspensión de la liberalización de inversiones extranjeras en España hasta finales de 2022 como el texto al que se ha hecho alusión en este artículo han de tenerse en cuenta por los empresarios para estructurar las operaciones que vayan a realizar en el futuro.

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