Tributación y aduanas en el Estado de Alarma

Son varios los aspectos que se mencionan en el Real Decreto del 14 de marzo aprobado de urgencia por el Gobierno a raíz de la crisis económica desatada por el coronavirus. Esta enfermedad está traspasando todos los ámbitos de nuestras vidas y, por eso, se necesitan medidas a la altura para paliar sus consecuencias. Entre esas medidas, aparecen en este RD las cuestiones tributarias y aduaneras, de las que hablaremos a continuación.

Así, como queda dispuesto en el Real Decreto, las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar el tránsito aduanero en los puntos de entrada ubicados en puertos y aeropuertos.

Suspensión de plazos procesales

  • Se suspenden los términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales.
  • En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores.
  • En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales, la interrupción a la que se refiere el apartado primero no será de aplicación a los siguientes supuestos:
    • El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona
    • Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas
    • La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico
    • La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor

No obstante, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.

Suspensión de plazos administrativos

  • Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
  • La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
  • El órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
  • La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.

Suspensión de plazos de prescripción y caducidad

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren».

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