Análisis de las medidas laborales y sociales destinadas a evitar despidos

En LABE te ofrecemos una guía rápida para entender en qué consisten las medidas en materia laboral y social impulsadas por el Gobierno para tratar de paliar los efectos económicos que causará el Covid-19.  Respecto a las regulaciones temporales de empleo (ERTEs) por fuerza mayor: Se  entenderán  como  tales  los  que  tengan  su  causa  directa  en  pérdidas  de  actividad como  consecuencia  del  COVID-19,  incluida  la  declaración  del  estado  de  alarma,  que impliquen  suspensión  o  cancelación  de  actividades,  cierre  temporal  de  locales  de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan el desarrollo de la actividad.

El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como la correspondiente documentación acreditativa.

La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de éstas. La autoridad laboral deberá dictar resolución en cinco días y limitarse a constatar  la  existencia,  cuando  proceda,  de  la  fuerza  mayor. La misma surtirá efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

En los ERTEs de fuerza mayor relacionados con el COVID-19 la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 de la Ley General de la Seguridad Social, así como del relativo a las cuotas por conceptos  de  recaudación  conjunta,  mientras  dure  el  ERTE.  Esto aplicará cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores de alta. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

No se les aplicarán las especialidades previstas en la norma respecto a la tramitación de los ERTEs a los ya iniciados o comunicados antes de la entrada en vigor de la misma y basados   en   las   causas   previstas   en   el   mismo.   Por   el   contrario,   las   medidas extraordinarias  en  materia  de  cotizaciones  y  protección  por  desempleo  serán  de aplicación   a   los   afectados   por   ERTEs   comunicados,   autorizados   o   iniciados   con anterioridad a la entrada en vigor siempre que deriven directamente del COVID-19.2.

Además, se pretende el fomento del teletrabajo. Se establecerán sistemas de  organización  que  permitan  mantener  la  actividad por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas, si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad.

Los  trabajadores  que  acrediten  deberes  de  cuidado respecto  del cónyuge  o  pareja  de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.

Así mismo,  se  considerará  que  concurren  circunstancias  excepcionales  cuando  existan decisiones  adoptadas  por  las  autoridades  gubernativas  relacionadas  con  el  COVID-19 que  impliquen  cierre  de  centros  educativos  o  de  cualquier otra  naturaleza  que dispensaran  cuidado  o  atención  a  la  persona  necesitada  de  los  mismos  y  cuando concurran  las  circunstancias  excepcionales  que  requieren  la  presencia  de  la  persona trabajadora, cuando la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o  asistencia  directos  de  cónyuge  o  familiar  hasta  segundo  grado  de  la  persona trabajadora  no  pudiera  seguir  haciéndolo  por  causas  justificadas  relacionadas  con  el COVID-19.

El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, pudiendo consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de  centro de trabajo, cambio de  funciones, cambio en la forma de  prestación del  trabajo,  incluyendo  la  prestación  de  trabajo  a  distancia,  o  en  cualquier  otro razonable  y  proporcionado,  teniendo  en  cuenta  el  carácter  temporal  y  excepcional.

 

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