Efectos y consecuencias del coronavirus para las empresas

La expansión del coronavirus desde China hasta Europa y su llegada a España esta provocando un grave problema para muchas empresas que no solo ven afectada su producción, sino que además se ven obligadas a elaborar planes de contingencia en materia laboral, mercantil y administrativa. Y es que la facilidad y rapidez de contagio del coronavirus hace que estas tengan que tomar precauciones y estén prevenidas ante la posibilidad de que un empleado contraiga el virus o que, por desavastecimiento, no puedan seguir ofreciendo sus servicios a los clientes. Esto plantea una serie de cuestiones que en LABE resolvemos desde las diferentes áreas que afectan a la empresa.

En materia laboral una compañía puede obligar a teletrabajar a sus empleados en la medida en la que exista una duda fundamentada de contagio por trabajadores que hayan estado en zonas de riesgo o en contacto con gente infectada. Sin embargo, si se produce un desabastecimiento de la producción la empresa podría recurrir a la suspensión de contratos o la reducción de la jornada laboral. Desaparece la obligación de abonar los salarios, si bien el empleado puede acceder a las prestaciones por desempleo.

Eso sí, a pesar del temor al contagio, los empleados deben seguir acudiendo a trabajar y las ausencias serán injustificadas salvo que un servicio médico haya decretado aislamiento preventivo o la empresa lo decida así ya que es a quien corresponde establecer las medidas preventivas. Aunque en el supuesto de que el virus se propague a niveles mucho mayores el empleado puede invocar el riesgo para su salud y el artículo 21.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para justificar su ausencia o el teletrabajo.

¿Qué pasa si un empleado se contagia o se encuentra en cuarentena?

En el supuesto de que un trabajador contraiga el coronavirus la baja estaría obviamente justificada como una situación de baja por incapacidad temporal pero, por el contrario, la cuarentena no tiene cobertura expresa en nuestro ordenamiento jurídico. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social alude a la resolución de mayo de 2009 que hacía referencia a la gripe aviar. Según este criterio los periodos de aislamiento preventivos serán considerados como situación de incapacidad temporal por enfermedad común.

El convenio del trabajador o la política de la empresa dictarán cuánto y desde cuándo cobra el trabajador en situación de cuarentena o contagio. Si dicho convenio no lo especifica la ley establece que los afectados no cobren durante los tres primeros días de baja y a partir del cuarto día reciban el 60% de su base reguladora. Hasta el día 15 lo pagará el empresario, y a partir de entonces la Seguridad Social.

¿Puede negarse un empleado a viajar a una zona de riesgo?

Para las zonas de riesgo, el servicio de prevención y vigilancia de la salud de la compañía tendría que contar con un plan de acción y establecer restricciones. Si la empresa ordena el desplazamiento a una de esas zonas estaría por tanto incumpliendo esa restricción y constituiría un ejercicio irregular de sus «facultades de dirección»,  por lo que el empleado tendría derecho a incumplirla. Si no se trata de una zona de riesgo y no hay medida preventiva que lo impida, la orden de desplazamiento sería regular, y la negativa a acatarla un incumplimiento laboral. Por ello es importante elaborar un plan de contingencia adaptado a las directrices de la OMS y las autoridades sanitarias.

Por último, desde el punto de vista mercantil, cabe analizar la relación de la empresa con sus clientes y ver qué pasa en caso de no poder suministrar u ofrecer el producto por falta de materia prima si esta llega desde los países afectados. El Derecho español establece que «nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables», aunque habría que estudiar caso por caso y revisar los contratos de suministro para ver cómo se regula en él la fuerza mayor. En cualquier caso, las empresas deberían informar inmediatamente al cliente de la imposibilidad de atender los pedidos y establecer medidas para mitigar en la medida de lo posible los perjuicios que pueda ocasionar.

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