La retribución de las firmas de headhunting.

Daniel Burón

Dir. Jurídico

Es un hecho incontestable que la evolución del mercado laboral ha supuesto que las empresas, cada vez más, recurran a firmas de headhunting para la selección de profesionales de determinada cualificación o incluso para intermediar en la selección de equipos completos de profesionales.

Sin embargo, a pesar de la enorme progresión en el mercado de estas firmas de selección de personal, no existe una regulación específica que aborde la cuestión ni existe una nutrida doctrina jurisprudencial capaz de solucionar los conflictos siquiera más esenciales que puedan surgir entre el empresario y la firma de cazatalentos.

Los supuestos problemáticos más recurrentes son aquellos en los que, sin existir un contrato expresamente aceptado, la firma de headhunting presenta a uno o varios candidatos y la empresa los contrata pero se niega al abono de los honorarios que se le reclama arguyendo precisamente la inexistencia de una aceptación expresa del contrato. Aunque pudiera resultar sorprendente son bastante frecuentes estas situaciones en atención a que las firmas de headhunting simplemente remiten sus condiciones generales y comienzan a prestar sus servicios para el empresario.

Con carácter previo, es necesario matizar que la tipología del contrato de headhunting es atípica, lo que supone que no exista una regulación expresa de tal figura contractual[1]. A pesar de ello, la Audiencia Provincial de Madrid ha asimilado el contrato de headhunting al contrato de mediación o corretaje en atención a que en ambas figuras una parte se compromete a indicar a la otra la oportunidad de concluir un negocio jurídico o servirle para ello de intermediario a cambio de una retribución[2], por lo que, en definitiva, estamos ante contratos cuyo elemento esencial es la consecuencia de un resultado (contratación del candidato propuesto).

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Madrid también ha establecido que las condiciones generales remitidas por la firma de headhunting a la empresa se entienden aceptadas por ésta una vez que la empresa consiente que la firma de headhunting realice cualquier actuación amparada por el contrato como solicitar informes sobre posibles candidatos o fijar una reunión con algún candidato propuesto por la firma de headhunting.

A dicha conclusión se llega como resultado de aplicar una nutrida doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que establece que existe una aceptación tácita del negocio jurídico propuesto cuando se den esencialmente dos requisitos: a) Cuando la otra parte debiendo hablar guarda silencio y b) cuando existan actos más o menos concluyentes, denominados facta concludentia, que sin ser medio directo de exteriorización de tal consentimiento lo dan a conocer sin asomo de duda.[3]

Lo anterior comporta que si la firma de headhunting remitió al empresario las condiciones generales para prestar sus servicios y éste realiza cualquier acto que suponga una ejecución del contrato, a partir de entonces se entiende que aceptó las condiciones generales remitidas, a pesar de que no las haya aceptado expresamente, por lo que la percepción de honorarios se determinará en atención a los términos de dichas condiciones generales.

Para el caso de que ni siquiera la firma de headhunting hubiese remitido unas condiciones generales, pero gracias a su intervención la empresa logró contratar a los candidatos, la retribución que deberá percibir la firma de cazatalentos se determinará conforme a los usos comunes o frecuentes de la profesión en el lugar de la prestación[4] y ello de conformidad con doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo[4] aplicada por la Audiencia Provincial de Madrid para los contratos de headhunting[6].

Por otro lado, en torno a esta cuestión, la Audiencia Provincial de Madrid también ha declarado que se considera conforme a los usos de mercado que la firma de headhunting cobre por sus servicios el 30% de la retribución bruta anual total (fijo y variable) de cada candidato seleccionado[7], por lo que ese será el criterio para determinar la retribución de la firma de headhunting cuando ni siquiera se remitió al empresario ninguna propuesta contractual.

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