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¿Qué se condisera error judicial?

La respuesta a esta pregunta la aporta, principalmente, nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ, de ahora en adelante), viniendo matizada por la jurisprudencia. Fundamentalmente, podemos definir el error judicial como un fallo o error en el que pueden incurrir únicamente jueces, magistrados o tribunales y que tiene como consecuencia un perjuicio injusto o ilícito a una de las partes de un procedimiento judicial.

La regulación principal la hallamos en el 293 de nuestra LOPJ que, en síntesis, indica que la acción judicial de activa los engranajes judiciales de cara al reconocimiento del error deberá promoverse en el plazo de tres meses. Se prevé la intervención obligatoria del Ministerio Fiscal y la Administración del Estado en el proceso. El reconocimiento judicial de la existencia de error es necesario para, posteriormente, poder reclamar indemnización. Una vez reconocido el error, el interesado reclamará la indemnización directamente al Ministerio de Justicia. Es importante tener en consideración que el derecho a reclamar la indemnización prescribe en el plazo de un año.

Es de suma importancia aclarar que el error judicial no se corresponde con la noción “funcionamiento anormal de la Administración de Justicia” (supuesto en el que son susceptibles de intervención otras figuras diferentes a las de juez, magistrado o tribunal), ya que los conceptos deben diferenciarse y no confundirse, a pesar de que ambos tienen como consecuencia originar un derecho a la parte perjudicada, que consiste en el percibimiento de una indemnización por los perjuicios causados. Nuestra Constitución Española, de facto, contiene un claro mandato que dicta: “los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley”.

El Tribunal Supremo y el error judicial

El Tribunal Supremo (TS, de ahora en adelante) ha venido estableciendo que el proceso por error judicial no constituye en sí mismo una tercera instancia o casación a través de la cual el recurrente o peticionario tenga una vía posible para repetir, ante otro Tribunal, reiteradamente, lo que otros Juzgados y Tribunales le han desestimado y rechazado con anterioridad. El procedimiento por error judicial únicamente puede prosperar cuando el órgano judicial que ha resuelto un asunto o caso ha cometido una
equivocación o error evidente, obvio e indudable, bien en la determinación de los hechos acontecidos, bien en la interpretación o aplicación de la Ley.

En particular, el Tribunal Supremo ha insistido en que no cualquier equivocación es susceptible de denominarse “error judicial”, no todos los fallos o equivocaciones pueden abrir ese cauce. La categorización de “error judicial” como tal ha de conservarse para los supuestos especiales cualificados en cuyas resoluciones judiciales se perciba un error “patente”, “indubitado”, “incontestable”, que haya originado “conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas, irracionales, esperpénticas o absurdas”.

Por otro lado, teniendo en consideración que dicho error puede cometerse tanto en la fijación de los hechos, como en la interpretación o aplicación de la Ley, en lo relativo a esta última modalidad, correspondiente con la interpretación o aplicación de la legislación, nuestro Tribunal Supremo ha subrayado que únicamente cabe entrar a valorarse cuando el órgano judicial que ha resuelto anteriormente y que supuestamente ha incurrido en error judicial ha “actuado abiertamente fuera de los cauces legales”, llevando a cabo una aplicación del derecho y de las leyes fundamentada en normas inexistentes, ficticias o, en caso de que dicha legislación exista y haya sido aplicada, su interpretación se haya realizado fuera de todo sentido.

No es posible alegar la existencia de error judicial cuando el Tribunal que ha resuelto mantiene en la resolución judicial emitida un “criterio racional y explicable”, ni en los casos en los que se realicen “interpretaciones de la norma que, acertada o equivocadamente, obedezcan a un proceso lógico” o, en otras palabras, no cabe encauzar el asunto por este procedimiento si las deducciones o conclusiones a las que ha llegado el Tribunal no son “ilógicas o irracionales”.

La culpabilidad del juzgador, por tanto, no deviene del mero desacierto a la hora de resolver, aún menos cuando el fundamento alegado por el interesado es la discrepancia con la decisión o resolución judicial. Una demanda de esta clase solo puede interponerse en los casos en los que existe un gran abismo y falta de idoneidad o correlación entre lo que debió resolverse y lo que se resolvió, debiendo ser esta falta de correspondencia tan evidente y patente que cualquier persona conocedora de Derecho pueda identificarlo, sin haber lugar a posibilidad alguna de que la resolución judicial pueda considerarse correcta desde cualquier punto de vista jurídicamente defendible.

 

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