Comunicación de la finalidad del control de las cámaras en supuestos de videovigilancia

Jesús Vidán

Asesor Laboral

Plantea una interesante reflexión en materia de videovigilancia la reciente Sentencia 128/2019 del Juzgado de lo Social nº 3 de Bilbao, de 4 de abril de 2019, que contribuye a reavivar el debate sobre la necesidad de comunicar o no al trabajador la finalidad de la colocación de las cámaras en supuestos de videovigilancia.

Enjuicia la referida sentencia la impugnación de un despido disciplinario, que traía como causa una presunta actuación irregular por parte de la trabajadora ahora demandante. La actuación irregular causante del despido disciplinario había sido investigada por la empresa a través de las cámaras de videovigilancia, que se encontraban instaladas en el centro de trabajo desde hace años.

De esta manera, dos eran los elementos a analizar en la resolución judicial. El juicio de constitucionalidad (siguiendo con la doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos López Ribalda y Barbulescu) de la medida de control, primero, y la suficiencia de la prueba gráfica aportada por la empresa para justificar el despido del trabajador, después.

Respecto del juicio de constitucionalidad, argumenta el Juzgado que, si bien la empresa no comunicó expresamente que la finalidad de las cámaras que en el centro de trabajo se habían instalado fuera la del control de la actividad laboral, en el contrato de la trabajadora ya se había comunicado expresamente su existencia, a lo cual cabe sumar que ésta llevaba 10 años prestando sus servicios para la empresa.

Más aún, señala el Juzgado que alguna de las cámaras se hallaban en espacios del centro inaccesibles para el público, lo que le lleva a concluir que era evidente, también para los trabajadores, que su finalidad era la de controlar la actividad laboral.

Admitido que era presumible la finalidad de control de las cámaras de videovigilancia, en virtud de lo expuesto, la Sentencia termina por reconocer que la medida cumple con el juicio de constitucionalidad, pues entiende que era necesaria para comprobar si efectivamente si había producido una actividad irregular por parte de la trabajadora finalmente despedida.

Sin embargo, incluso aprobado el juicio de constitucionalidad, el Juzgado termina por entender que la prueba gráfica aportada por la empresa no era suficiente para imputar a la trabajadora la autoría actividad irregular, pues no queda clara la identidad de la trabajadora en los documentos gráficos. Acaba por concluir que se trata de un despido improcedente.

Con todo ello, a pesar concluir la calificación del despido como improcedente, la Sentencia presenta un especial interés desde el momento en que valida el juicio de constitucionalidad de la medida de videovigilancia a pesar de que no se había comunicado expresamente la finalidad de la misma a los trabajadores.

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