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María Inés García

Asesora jurídica

Recientemente, en fecha de 18 de noviembre de 2022, ante la Sala de lo Contencioso de nuestro Tribunal Supremo (TS, de ahora en adelante) se ha planteado la siguiente cuestión: la procedencia del reconocimiento del derecho al disfrute de período vacacional y la correspondiente retribución de éste durante el tiempo transcurrido entre un período lectivo y otro a los funcionarios interinos que desempeñan funciones de docencia.

En este supuesto concreto, la parte demandante que ha solicitado el reconocimiento de los derechos citados había sido nombrada a inicios de período lectivo y cesada a finales del mismo en reiteradas ocasiones (varios cursos escolares), hallándose, durante las mensualidades de julio y agosto -tras los actos de cese- sin percibir cantidad dineraria alguna y volviendo a ser nombrada al inicio del curso escolar. La actora ha considerado ilícita esta actuación y ha fundamentado su demanda, principalmente en la supuesta vulneración de la Cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, dispuesta en el Anexo de la Directiva 1999/70/CE (Cláusula 4, de ahora en adelante). Asimismo, se basa en algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el articulado del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/ 2007 (LEBEP, de ahora en adelante) y de la Constitución española.

El caso de los docentes interinos

La jurisprudencia del TS indica que el cese de los funcionarios docentes interinos de los Cuerpos Docentes no universitarios está justificado cuando finaliza el curso escolar por el mero motivo de que, en los dos meses de verano y vacaciones excluidos del período lectivo (julio y agosto) “desaparece la necesidad y urgencia que motivó su nombramiento” (ES:TS:2019:2480). Por ende, partimos de la base de que el cese es lícito y no se considera discriminatorio el hecho de que los docentes funcionarios de carrera, a diferencia de los interinos, mantengan la relación de servicio de manera indefinida.

Si entramos a comparar la situación de los funcionarios interinos y los funcionarios de carrera, observamos que los interinos pueden ser cesados si se consideran las circunstancias objetivas, como es la determinación de una fecha concreta u otras análogas y previstas para acordar el cese.

No es lícito impedir que dicho cese se decida por la Administración, a diferencia de los trabajadores fijos comparables (funcionarios de carrera), los cuales se hallan en una situación diferenciada a pesar de desempeñar el mismo trabajo y ejercer las mismas funciones.

Diferencias entre interinos y funcionarios indefinidos

No cabe catalogar de discriminación una distinción de trato que radica en el propio origen de la relación servicio, ya que la relación mantenida por los funcionarios interinos es de duración determinada y se extingue en una fecha determinada, a diferencia de una relación de servicio por tiempo indefinido. En base a este fundamento, el TS entiende que la norma que prohíbe la discriminación en el tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto jurídico de funcionarios de carrera y funcionarios interinos, no ha sido vulnerada; pues dicha distinción está justificada por razones obvias.

La extinción de la relación de servicio al final del período lectivo de cada curso escolar es válida y las razones que justifican dicha extinción son objetivas y predeterminadas.
Por ende, reconocer el derecho a percibir retribuciones sin existir relación de servicio en los períodos reclamados (debido a la extinción lícita de la relación) supondría una clara vulneración y contravención de lo dispuesto normativa y jurisprudencialmente.

Conclusión del Tribunal Supremo en respuesta al período de cese  y retribución de los interinos

El TS falla, en conclusión, que el inicio de una nueva relación al comenzar el siguiente curso escolar no invalida los ceses precedentes y, no concede “derecho alguno al funcionario interino en esta situación para percibir retribuciones por el periodo de tiempo transcurrido entre el cese anterior y el inicio de una nueva relación de servicio”, ni el derecho al reconocimiento de otros conceptos (antigüedad, cómputo de servicios prestados, etc.).

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