¿Genera el Estado algún tipo de responsabilidad por sus decisiones ante la crisis del Covid-19?

El pasado 14 de marzo se publicaba en el BOE el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis del COVID-19. Mediante el mismo, el Gobierno español decretó el segundo estado de alarma del actual periodo democrático, consecuencia de la emergencia sanitaria.

No se sabe aún hasta cuándo permanecerá vigente. En principio el tiempo mínimo serán los quince días que indica la ley, sin embargo, podrán producirse prorrogas con el acuerdo del Congreso de los Diputados como ya está previsto desde este fin de semana.

De lo que sí podemos estar seguros, es de las importantes repercusiones que esta crisis va a producir en todos los ámbitos económicos. Al mismo tiempo surge la cuestión sobre las futuras responsabilidades a las que se puede enfrentar el Estado por los posibles daños y perjuicios derivados de la medida. Así lo contempla la Ley 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio (LOEAES) en su artículo 3.2: Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes.”

En el mismo sentido, la Ley sobre Expropiación Forzosa también recoge en su artículo 120 la indemnización por las medidas públicas tomadas como consecuencia de entre otros supuestos, epidemias que impliquen destrucción, detrimento o requisas de bienes o derechos.

Es necesario recordar que la responsabilidad patrimonial de la Administración podrá provenir tanto por la vía contractual como por la extracontractual, es decir, cualquier ciudadano afectado por las medidas y que cumpla los requisitos establecidos en la ley.

La primera cuestión a tener en cuenta para discernir si concurre responsabilidad por parte del estado, es determinar si existe una auténtica relación de causalidad entre el daño sufrido y el acto de declaración del estado de alarma. Por otro lado, puede darse la circunstancia de que el ciudadano tenga el deber legal de soportarlos o la posible concurrencia de la justificación de fuerza mayor y que por tanto la responsabilidad quede eximida.

Posibles medidas susceptibles de ser reclamadas

El artículo 11 de la LOEAES, incluye algunas de las medidas extraordinarias habilitadas para el estado de alarma, entre las cuales se encuentran practicar requisas temporales de todo tipo de bienes o la posibilidad de imponer prestaciones personales obligatorias. Estas mismas medidas quedan recogidas de forma más específica en el Decreto 463/2020 que instaura el estado de alarma

Artículo 8.- 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo once b) de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, las autoridades competentes delegadas podrán acordar, de oficio o a solicitud de las comunidades autónomas o de las entidades locales, que se practiquen requisas temporales de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en este real decreto, en particular para la prestación de los servicios de seguridad o de los operadores críticos y esenciales. Cuando la requisa se acuerde de oficio, se informará previamente a la Administración autonómica o local correspondiente.

  1. En los mismos términos podrá imponerse la realización de prestaciones personales obligatorias imprescindibles para la consecución de los fines de este Real Decreto.”

Artículo 13 letra c): Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes (…) en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria.

Por tanto, entre los daños de carácter indemnizable se incluirían prestaciones personales concretas que puedan suponer una carga excepcional sobre los afectados. Algunos casos como intervención de industria y fábricas, supresión de pagos por servicios de cualquier tipo, pero especialmente los sanitarios (en los casos de afectaciones en la sanidad privada) o la ocupación de hoteles para su medicalización. También los supuestos de intervención y requisa de material sanitario a las empresas.

Excepciones a la responsabilidad

Son dos las excepciones que pueden alegarse ante la supuesta responsabilidad patrimonial del estado: la fuerza mayor y el deber legal de soportar la medida.

El concepto de «fuerza mayor», definido por la doctrina y de la jurisprudencia de nuestros tribunales de Justicia como un acontecimiento que no sólo es imprevisible, sino que, aun cuando se hubiera previsto, habría sido inevitable.

En lo relativo al deber legal de soportar la carga por parte de los ciudadanos, también ha sido recogido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Se prevén dos supuestos en los que aparece la obligación del sujeto de soportar: bien cuando exista un título que establezca el mencionado deber (por ejemplo, ejercer una profesión de riesgo como policía), bien cuando exista una obligación legal o reglamentaria.

Sin embargo, en los casos en los que las disposiciones legales o reglamentarias prevean una potestad discrecional de la Administración o cuando nos encontramos ante conceptos jurídicos indeterminados, el deber de soportar quedará limitado a unos márgenes razonables y justificados, quedando cualquier actuación fuera de ellos sometida al régimen de responsabilidad por daños.

Cálculo de las indemnizaciones

Respecto a la cuantificación de los daños habrá que esperar al Decreto que ponga fin del estado de alarma, para proceder a un cálculo objetivo de estos,

  • En el supuesto de que los daños y perjuicios recaigan sobre bienes inmuebles habría que atenerse al cálculo de las rentas dejadas de percibir a causa de la ocupación.
  • Para los bienes muebles se procedería a su cuantificación conforme a su valor de mercado.

A modo de reflexión, si bien el establecimiento de un régimen de responsabilidades ante situaciones como el estado de alarma, es más o menos claro, son muchas las circunstancias que lo hacen impredecible. Se debe tener en cuenta que el primer estado de alarma en nuestro país se debió a la paralización del tráfico aéreo como consecuencia de la huelga de los controladores aéreos, lo cual no generó medidas tan gravosas como las que actualmente estamos viviendo. Aunque existe jurisprudencia sobre algunas emergencias como inundaciones o alertas sanitarias, en la que se hace referencia a los requisitos señalados en este artículo, es complicado extraer precedentes que permitan extrapolar los supuestos en los que concurre la responsabilidad patrimonial por declaración del estado de alarma. En cualquier caso, debemos esperar al final de esta crisis para calcular los daños reales producidos de cara a futuras reclamaciones.

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