Larga vida a los VTC

Hoy vamos a hablaros desde un punto de vista legal, sobre la polémica que existe en torno a UBER y Cabify.

Vamos a comentar en qué punto se encuentra la situación actual, el punto de vista del gobierno en boca del Ministro de Fomento José Luis Ábalos, la reacción tanto de UBER como de Cabify y la opinión de la legislación europea al respecto.

REAL DECRETO-LEY 13/2018

La entrada en vigor del Real Decreto-ley 13/2018, del 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, ha conseguido blindar –aún más– el monopolio de los taxistas y su poder para seguir especulando en el mercado de reventa de licencias. Todo ello a expensas de eliminar la libre competencia en el sector del transporte urbano no colectivo.

El Real Decreto-ley abarca la problemática que se ha generado entre los taxis y las empresas de Vehículos de Turismo con Conductor –los VTC– en los núcleos urbanos de nuestro país, y dice que la Administración debe abordar eficazmente esta problemática. Pues bien, la solución por la que la Administración ha optado es autorizar los servicios de los VTC sólo en los trayectos interurbanos, dejando fuera de las ciudades a empresas como la estadounidense Uber y la española Cabify.

Los VTC tienen tres meses para presentar reclamaciones, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley, ante una norma que impedirá, a las licencias VTC ya concedidas, dar servicio urbano dentro del plazo de moratoria de cuatro años. 

En lo que respecta a las licencias pendientes de concederse por vía judicial, el plazo para reclamar y la moratoria comienzan a contar desde el día en que se otorgan.

El Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, afirmó durante su comparecencia que las licencias no se “suprimen o expropian”, sólo cambian sus condiciones, ya que seguirán existiendo para dar servicio interurbano y se podrá solicitar una nueva autorización para dar servicio urbano. Además, agregó, se ha concedido el plazo de cuatro años “en concepto de compensación”, indemnización a los VTC por los cambios introducidos por el Real Decreto-ley. Compensación que, a todas luces, es insuficiente, según Uber y Cabify.

Pero en cuanto a las reclamaciones, el Ministro de Fomento señaló que se trata de un Decreto «blindado jurídicamente», por lo que será difícil que un recurso que pida, por ejemplo, una indemnización complementaria, prospere, ya que lo que se busca es equilibrar la oferta y demanda de transporte en vehículos de turismo, poniendo fin a la capacidad competitiva de los VTC.

Una vez terminado el plazo de moratoria de cuatro años, el Gobierno central, además, lanzará el problema de los VTC a las Comunidades Autónomas, que podrán empezar a regular estos servicios, e incluso los ayuntamientos si así lo estipulan las comunidades, regulando y gestionando las licencias VTC en sus territorios, en referencia a aspectos como recorridos mínimos y máximos, horarios o características técnicas que deban tener los vehículos, como ya hacen con los taxis, pero excluyendo a los VTC de los núcleos urbanos, un importante nicho de negocio para ambas partes. Dicho de otra manera: adiós a la libre competencia y a la innovación.

Paralelamente, el Gobierno ha anunciado que a partir de diciembre comenzará a funcionar una web en la que deben quedar registrados todos los viajes que realiza cada VTC para vigilar que se cumple la regla del 80/20, es decir, que sólo se pueda dar un 20% de los servicios en una comunidad autónoma en la que el VTC no ha obtenido la licencia. Esta es una medida para evitar que los VTC que adquirieron sus licencias en pequeñas Comunidades Autónomas puedan luego prestar servicios en otras, o incluso en Barcelona o Madrid.

Reacción de Uber y Cabify

Como no podía ser de otra, las grandes plataformas de VTC no se han quedado calladas. El consejero delegado de Cabify, Juan de Antonio, ha señalado que está dispuesto a negociar con el Gobierno y los taxistas por un marco estable para el sector que ponga fin a la “incertidumbre regulatoria” del Real Decreto-Ley, ya que “no beneficia a nadie”. Y agregó: 

“Es difícil proveer empleo estable y de calidad si no sabes si va a dejar de valer tu licencia”.

Uber por su parte, ya desde el pasado mes de abril, califica la actuación del Gobierno como de “oportunidad perdida”. 

¿Qué dice la legislación europea?

La Unión Europea, en su legislación, no se ha posicionado en contra de los VTC, pero delega la regulación de los mismos en los Estados Miembros. 

Lo que sí tenemos es una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del pasado 20 de diciembre, que dice que los VTC deben considerarse como servicios de transporte y no como servicios de intermediación a través de medios electrónicos, es decir, a través de app. Esto supone que, como los taxis, los servicios como Uber y Cabify tienen que actuar bajo licencia, algo que ya hacen, de acuerdo con la normativa nacional de cada Estado Miembro y en concreto la española. De hecho, en países como Polonia, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Lituania y Rumanía los particulares pueden dar servicio urbano sin necesidad de licencia, y en la mayoría del resto de países europeos, como Irlanda, Reino Unido y Holanda, aunque se requiere, no hay un límite establecido. Sólo en España e Italia hay un acceso restringido al número de licencias. Atendiendo al derecho comparado, caben opciones más pro-competitivas dentro del marco europeo, que benefician a los consumidores.

El sector de los transportes, al que se refiere el artículo 91 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no han dado lugar a la adopción, por parte del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de normas comunes o condiciones para el sector. De ello se desprende que, en el estado actual del Derecho de la Unión, incumbe a los Estados Miembros regular las condiciones de prestación de estos servicios, siempre que se respeten las normas generales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La patronal Unauto VTC cuenta con un informe económico de la consultora Ernst & Young que cifra en 3.785 millones de euros el importe total de las reclamaciones si se suprime en el conjunto del país todo el exceso de licencias VTC actuales con respecto al ratio legal de un VTC por cada treinta taxis. La realidad en estos momentos es que existe una licencia VTC por seis taxis, tras la liberalización del sector entre los años 2009 y 2013. 

Tenemos ante nosotros un plazo de tres meses para presentar reclamaciones al Real Decreto-ley, ante la Dirección General de Transportes, y pedir indemnizaciones complementarias al plazo de moratoria de cuatro años que el Gobierno ha impuesto.

Nuestro compañero David Salgado nos lo cuenta más detallado en el siguiente vídeo: