Medidas por Covid ante la contratación pública

Fernando Arruga

Abogado Asociado

En el artículo 34 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, se hacen referencia a las medidas urgentes extraordinarias especificas debido a la crisis económica y social del covid-19. En dicho artículo, se introducen medidas de contratación pública para hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria. Pero esta normativa tiene un carácter especial, ya que excluye la aplicación de la normativa general de la contratación pública, ya que la legislación de estos contratos no se puede implementar en aquello que se oponga al Real Decreto-Ley.

Por un lado, hay que tener en cuenta que los contratos públicos que se han visto afectados son los de entidades del sector público, es decir, los que se encuentren en vigor el día de la publicación de dicha norma (18 de marzo de 2020), siendo la premisa fundamental para adoptar estas medidas previstas en el RDLey.

Este nuevo marco regulatorio y excepcional, también, conlleva la suspensión o la ampliación del plazo para cumplir con las prestaciones, si este no ha perdido su finalidad.

Lo más destacado es que reconoce el derecho de los empresarios a ser beneficiados económicamente por los daños que hayan podido sufrir a consecuencia de estas medidas. Para ello, es necesario una acreditación que lo verifique y la cuantía de dichas consecuencias.

Las medidas previstas se diferencian por el tipo de contrato, que pueden ser de tres tipos:

  1. Contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva (34.1 RDLey 8/2011): se aplica para este tipo de contratos siempre y cuando no sea un contrato del ámbito sanitario, farmacéutico o que cuya función esté relacionada por la crisis sanitaria, contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas informáticos, contratos para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.

Además, lo que se prevé es la suspensión total o parcial del contrato, desde que ocurre el hecho que impide el cumplimiento y llega, hasta que el servicio pueda reanudarse y el órgano de contratación notifique al contratista el fin de la suspensión.

Por otro lado, la entidad adjudicadora tiene que pagar los daños y prejuicios sufridos por el contratista durante el periodo de suspensión del contrato. Estos daños son:

  • Gastos salariales abonados por el contratista al personal que figura adscrito, el 14 de marzo de 2020, a la ejecución ordinaria del contrato. Por otro lado, no se incluyen los costes salariales de los subcontratistas.
  • Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.
  • Gastos de alquileres o de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos que estén estipulados en la ejecución del contrato, y que se pueda acreditar que estos no fueron utilizados para otros fines distintos en el periodo de suspensión.
  • Gastos de pólizas de seguros previstas en el pliego y que estén relacionadas al contrato que hayan sido suscritas por el contratista y por ende, estén vigentes en el momento de la suspensión.

Estos procedimientos tienen un plazo de 5 días naturales desde que lo solicita para que se aprecie la imposibilidad de ejecutar el contrato. Después de este tiempo, si no lo notifica se entiende que la solicitud ha sido desestimada.

  1. Contratos de servicios y suministros de prestación única o no sucesiva (34.2 Real Decreto-ley): si los contratos se agotan en una única prestación y no han perdido su finalidad a causa de la pandemia, pero el contratista se retrasa en el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno o institución y así combatirlos, se podrá realizar la ampliación del plazo inicial o de la prorroga en curso si el contratista ofrece el cumplimiento de sus compromisos en ese periodo.

Si este contrato ha perdido su finalidad como consecuencia del covid-19, el artículo 34.2 no regula las consecuencias de esta situación, pero si que hay que adoptar los principios generales por los que el contrato termina por desaparecer de la causa y el contratista tiene derecho a la liquidación de la prestación realizada.

Para poder solicitar la ampliación del procedimiento al órgano de contratación, el contratista tiene que pedir un informe al Director de obra y este tiene que determinar si el retraso en el cumplimiento es o no imputable al contratista. Los plazos, según la Abogacía del Estado, deben aplicarse los previstos en el 100 del Reglamento general de la Ley de contratos de las AAPP aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre.

  1. Contratos públicos de obras (artículo 34.3 Real Decreto-ley): los contratos que no hayan perdido su finalidad por el covi-19 pero no hayan podido continuar con su ejecución al contratista. Se podrá pedir la suspensión desde que se produzca la situación que impida su prestación y hasta que esta prestación pueda reanudarse.

Estos contratos tienen una característica diferencial, y es que los contratos públicos de obras, cuya finalización estuviese prevista entre el 14 de marzo de 2020 y el periodo que dure el estado de alarma, y no se haya podido realizar las entregas de la obra como consecuencia de las crisis, se les permite, que el contratista solicite una prórroga en el plazo de entrega final, siempre y cuando se ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendientes si se le amplía el plazo inicial.

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