¿Puedo obligar a un trabajador a vacunarse contra la Covid-19?

La llegada de las vacunas contra la COVID-19 no ha comportado únicamente incertidumbre para el sector sanitario y social, sino que, a ellos, se ha sumado la gran duda de los empresarios: ¿puedo obligar a mis trabajadores a vacunarse? ¿sería causa de despido la negativa de los mismos? Pues bien, en este artículo analizaremos brevemente las consecuencias, así como posibilidades de que los empresarios estudien tal cuestión.

En el supuesto de hecho planteado, especial atención merece la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente, la cual en su artículo segundo establece como punto de partida el hecho de que todo usuario tiene derecho a elegir entre las opciones clínicas disponibles, sin que por ello quepa la posibilidad de que se vea coaccionado en tal decisión. Es por dicho precepto, por lo que la respuesta del legislador, en un primer momento, parece ser negativa. Asimismo – continuando con el análisis jurídico de la cuestión planteada – la Ley de Prevención de Riesgos Laborales también hace hincapié en la necesidad de consentimiento por parte del trabajador de cualquier vigilancia periódica de su salud. Es por ello, por lo que cabe evidenciar que el ordenamiento jurídico en ningún momento incorpora de manera explícita la posibilidad de que el empresario pueda decidir sobre la vacunación de alguno de sus trabajadores, ni siquiera en colectivos de personas determinadas.

Por tanto, dada la situación actual en la que nos encontramos debido a la existencia de peligro para la salud de la población y, los continuos cambios legislativos que se han producido en el último año, el hecho de que el Gobierno no haya regulado norma alguna en torno a la obligación de vacunarse, deja entrever el hecho de que, actualmente, se descarta la posibilidad de que una empresa pueda exigir a sus empleados que se sometan a una vacunación. No obstante, no se debe descuidar la posibilidad de una nueva modificación legislativa con el objetivo de establecer la obligatoriedad de la vacuna, ya que, tal y como establece el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/1981 de estado de alarma, excepción y sitio “La autoridad competente podrá adoptar sí, según los casos, además de las medidas previstas en los artículos anteriores, las establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas”. Digamos que el Gobierno podría guardar un “as bajo la manga” y, regular en cualquier momento dicha obligatoriedad, no obstante, no parece actualmente por la labor de efectuarlo.

En conclusión, se trata de un debate que produce mucha controversia, así como incertidumbre, dado que no existe, actualmente, regulación normativa que obligue a la vacunación y, además, se trata de una medida que vulnera derechos fundamentales tales como la integridad e intimidad – regulados en los artículos 15 y 18 de la Constitución Española-. De lo que se concluye que, el hecho de que no haya normativa que faculte al empresario para obligar a sus trabajadores a someterse a una vacunación contra la COVID-19 no excluye la posibilidad de lo que el mismo recomiende a sus trabajadores dicho tratamiento. Asimismo, es aconsejable hacer hincapié en la adopción de cuantas medidas sean necesarias con el objetivo de preservar por su salud tales como la mascarilla, distancia, higiene, etc. debido a que tiene la obligación de garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores en todos sus centros de trabajo.

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