Debido a la situación de crisis que nos encontramos derivada de la pandemia por el Covid-19, un grandísimo número de personas han visto minorada su capacidad económica, llegando a estar en situaciones críticas por la paralización de la actividad.

Uno de los sectores más perjudicados es la hostelería, la cual se ha sometido a cierres y reaperturas constantes, con aforos restrictivos y con una gran incertidumbre que no les ha permitido ofrecer sus servicios con normalidad. Es por esto por lo que la abogacía está llevando a cabo solicitudes para obtener indemnizaciones a los hosteleros que necesitan una inyección económica para no tener que cerrar de forma permanente sus establecimientos.

Esta vía de solicitud es necesaria en nuestro país ya que de entre los integrantes de la Unión Europea ha sido el único que no ha ofrecido ayudas directas a este sector, teniendo en cuenta que la hostelería en España es un sector prominente de nuestra economía y han sido, junto con la cultura y el ocio, los más olvidados por los poderes públicos.

Respecto a la petición de indemnizaciones para intentar reflotar la hostelería, se cuenta con un plazo de un año desde que se produjo el hecho que motiva el resarcimiento o desde que se tuvo conocimiento del efecto dañino. Tendrán derecho a solicitar esta compensación todos los particulares que hayan sufrido detrimentos en sus bienes y servicios, siempre y cuando la lesión sea imputable a un funcionamiento normal o anormal de la Administración, que el daño sea cuantificable económicamente, se pueda individualizar y la persona o personas legitimadas no tengan el deber de soportarlo.

La posibilidad que obtener indemnizaciones por los perjuicios sufridos y no ocasionados por los propios hosteleros, se encuentra contemplada en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio, así como en el artículo 32 de la Ley Reguladora del Sector Público. Cabe hacer mención también a la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, que en su artículo 120 considera indemnizables las situaciones que, derivadas de casos graves por razón de epidemias, entre otras, cuando las autoridades civiles hayan tenido que tomar medidas que suponen detrimento efectivo o requisas de bienes o derechos, el particular perjudicado tiene derecho a obtener indemnización, debiendo iniciarse el expediente a instancia del damnificado.

El procedimiento a seguir para que prosperen las solicitudes será, en primer lugar, determinar el perjuicio económico a través de un peritaje que lleve a cabo un economista experto. En dicho peritaje se tendrán en cuenta las pérdidas respecto a una situación de actividad normal del establecimiento. Una vez tenidos cuantificados los daños, el siguiente paso es la presentación de la reclamación administrativa previa ante las Administraciones responsables. Las posibilidades de respuesta son la admisión de la reclamación, la desestimación o el silencio de la administración, en caso de que se dé alguna de las dos últimas situaciones se deberá acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa mediante la interposición de una demanda.

Es pertinente aclarar que, respecto al silencio administrativo, se considerará efectivo cuando en un plazo de seis meses no se haya obtenido respuesta de la administración, dando lugar a la desestimación de la reclamación.

Si bien es cierto, que en caso de que los hosteleros estén en posesión de una póliza de seguro por lucro cesante, es altamente recomendable que se acuda a su cobro por esta parte dado que hay más posibilidades de recibir la indemnización en un menor tiempo.

Para terminar, las reclamaciones que se lleven a cabo para no dejar que se hunda un sector tan importante en nuestro país, demuestran los esfuerzos incansables que llevan a cabo los hosteleros para lograr reflotar un sector abandonado y dejan ver que la abogacía muestra su apoyo a estas acciones necesarias para lograr salir adelante tras la enorme crisis derivada del Covid-19.