Hacienda: se deberán declarar todas las operaciones de criptomonedas

La regulación y fiscalización de las criptomonedas y la cadena de bloques (blockchain) han escapado de la actividad legislativa en España. A día de hoy, lo único que tenemos son los criterios establecidos por la Dirección General de Tributos en consultas vinculantes, que establecen que estos activos tributan como ganancias patrimoniales una vez que convertimos dicho activo en dinero fiat (dólar, euro, libra, etc).

Sin embargo, el gobierno anunció el pasado 19 de octubre nuevas medidas para sentar las bases de tributación de bitcoins, ethers, ripples y demás criptomonedas. Según adelantó el Ministerio Hacienda, a partir del próximo año los titulares de criptomonedas deberán declarar ante la Agencia Tributaria todas sus operaciones (adquisición, transmisión, permuta, transferencia) sea cual sea el importe.

Nos acercamos a una fiscalidad adaptada a una sociedad del siglo XXI, en la que todos contribuyen según su capacidad y reciben según su necesidad.

Esta medida, que se incluye dentro del último anteproyecto de lucha contra el fraude, exige información sobre saldos y titulares de las monedas. Además, los poseedores de criptomonedas en el exterior también deberán informar de sus tenencias en el modelo 720 de declaraciones de bienes y derechos en el extranjero.

Entre otras medidas, el plan antifraude también incluye la prohibición de los ‘software de doble uso’; la prohibición de las amnistías fiscales; la ampliación del concepto de paraíso fiscal; la inclusión de nuevos sujetos en la lista de morosos; y la transposición de la directiva europea antielusión para asegurar que las multinacionales tributen en los países donde tienen actividad.

Además se han anunciado dos nuevos impuestos: la ‘Tasa Tobin’, que gravará con un 0,2% las transacciones financieras; y la ‘Tasa Google’, que gravará el 3% sobre el negocio de servicios digitales de empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que con estos cambios fiscales «nos acercamos a una fiscalidad adaptada a una sociedad del siglo XXI, en la que todos contribuyen según su capacidad y reciben según su necesidad».

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