Las ‘exchange’ deberán registrar las operaciones

Abril de 2018.  La guardia civil desarticula una banda criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico por medio de la compra de bitcoins. El monto total de sus operaciones ascendía a los 8 millones, que se enviaba de España a Colombia a través de una plataforma de intercambio de criptomonedas (exchange).

Marzo de 2018. La policía nacional descabeza y detiene al líder de la organización de ciberdelincuentes Carbank, que blanqueaba el dinero robado de cajeros automáticos a través de bitcoins.

Estos son sólo dos ejemplos del uso delictivo que se le puede dar a las criptomonedas. A pesar de que este tipo de operaciones suele dejar un gran rastro, el vacío legal que las rodea dificulta las tareas policiales. Precisamente para acabar con este limbo, el Parlamento Europeo aprobó en junio una modificación de la directiva relativa a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que el gobierno español tiene hasta el 9 de julio de 2019 para transponerla en territorio nacional.

Esta nueva normativa obliga a los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias, a los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos y, en general, a todo tipo de plataformas que realicen operaciones con criptomonedas,  que registren todas las operaciones que se tramitan y reporten aquellas que se consideran sospechosas, tal y como hacen actualmente los bancos. Además, se les obligará a registrar las identidades y direcciones de los monederos electrónicos (wallets), aunque no se aclara en qué tipo de registro ni sus términos y condiciones.

El objetivo final de esta directiva es acabar con parte del anonimato que rodea a las operaciones en las exchanges y, de esta forma,  perseguir los fines delictivos que se hacen con las criptomonedas. >> Te asesoramos en fiscalidad de criptomonedas

La norma define las monedas virtuales como la «representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda establecida legalmente, que no posee el estatuto jurídico de moneda o dinero, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse y negociarse por medios electrónicos». Asimismo, especifica que no deben confundirse con el dinero electrónico, el valor monetario almacenado en instrumentos exentos o las monedas de juegos.

Esta norma también se aplicará a los intermediarios de obras de arte, ya sean directos, galerías de arte o casas de subastas, siempre que el valor de la transacción o de varias transacciones conectadas sea de 10.000 euros o superior.

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