El Código Penal obliga a las empresas a que controlen a sus representantes legales, directivos y empleados para que no estos no delincan, de forma directa o indirecta, a favor de la entidad. Por ello, la finalidad de la prevención penal en las empresas es establecer mecanismos de control, para perseguir así una serie de actuaciones:

. Prevenir que se cometan delitos en el seno de la entidad

. Evitar que la empresa y sus administradores y directivos puedan ser imputados, acusados o condenados

. Contar con unos instrumentos de defensa penal adecuados para que, en caso de una imputación, se cuente con una trazabilidad rápida.

Pero además de establecer dichos mecanismos, la finalidad de la prevención penal en las empresas está respaldada por una serie de oportunidades para la entidad:

. Mejorar la responsabilidad social corporativa de la empresa

. Eludir los daños, ya sean comerciales o financieros, que genera una imputación

. Facilitar la contratación con el sector público, debido a que solo pueden hacerlo aquellas personas jurídicas que no hayan sido condenadas por algún delito

. Evitar que se tomen decisiones que cuenten con un nivel de riesgo que sea superior al permitido