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Concurso de acreedores para microempresas

Brenda de León

ABOGADA

Llega un nuevo procedimiento de concurso de acreedores para las microempresas. El Anteproyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, prevé un procedimiento especial único para las empresas con menos de 10 trabajadores y una facturación inferior a 2 millones de euros anuales.

Tal como establece el Anteproyecto, este procedimiento trata de combinar aquellos aspectos del concurso y de los planes de reestructuración que mejor se adaptan a las microempresas. Así, el presupuesto objetivo es amplio y permite su utilización cuando la microempresa presenta probabilidad de insolvencia (situación pre-concursal), insolvencia inminente o insolvencia actual (situación concursal).

Una de las principales consecuencias de este procedimiento especial único es que desaparece la figura del administrador concursal .El administrador concursal ha sido hasta la fecha una de las figuras principales en los concursos de acreedores. Su finalidad es intermediar entre acreedores y deudores para tratar de alcanzar un acuerdo de pagos que posibilite la continuidad de la empresa en situación de insolvencia.

Esta figura interviene una vez iniciado el procedimiento judicial, cuando se ha intentado sin éxito un acuerdo extrajudicial entre las partes. El nombramiento corresponde al juez encargado del asunto, quien realiza un sorteo entre los profesionales adscritos a la lista oficial de administradores concursales.

 

El Anteproyecto plantea la desaparición de la figura del administrador concursal en el procedimiento especial único, lo que hará que este profesional no intervenga en la gran mayoría de concursos de acreedores, manteniendo así una participación residual y no principal como venía siendo hasta ahora.
Esta reforma ha generado un gran debate entre los profesionales del sector, ya que su desaparición supondrá un colapso en el sistema judicial. El motivo principal se debe a que se deja en manos de los acreedores la posibilidad de negociar un plan de pagos y, si estos no han podido llegar a un acuerdo anteriormente con el deudor, previsiblemente tampoco lo harán durante el procedimiento judicial.

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