El nuevo real decreto 26/2020 sobre medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del covid-19 en los ámbitos de transporte y vivienda

Laura Fernández

Asesora Jurídica

El pasado miércoles 8 de julio de 2020 el congreso convalidó un nuevo Real Decreto sobre medidas de reactivación en los ámbitos de transporte y vivienda. Parte de su articulado reforma el publicado Real Decreto-Ley 11/2020 sobre medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la pandemia COVID-19. En concreto, modifica dos aspectos relacionados con los contratos de arrendamiento de vivienda habitual:

En primer lugar, el RD-L 11/2020 establecía una prórroga de los contratos de arrendamiento hasta el 30 de septiembre de 2020. El nuevo RD-L del 8 de julio modifica este plazo, ampliándolo 6 meses en aquellos casos en los que lo solicite el inquilino. Sin embargo, esta prórroga esta condicionada a la aceptación por parte del arrendador, lo que puede llegar a dificultar su aplicabilidad en la vida cotidiana. A grandes rasgos, la reforma deja en manos del propietario la posibilidad de que su inquilino prorrogue o no su contrato de alquiler.

En segundo lugar, el RD-L 26/2020 ofrece a las personas en situación de vulnerabilidad la oportunidad de aplazar temporalmente el pago de la renta de su contrato de arrendamiento de su vivienda habitual hasta el 30 de septiembre de 2020. Este aplazamiento también se encuentra condicionado al cumplimiento de determinados requisitos. En concreto, para que se aplace la deuda es necesario que el arrendador sea una entidad pública o un gran tenedor, que sería aquel que cuente con más de 10 bienes inmuebles, a excepción de garajes y trasteros.

Por otra parte, el texto legislativo se centra en establecer medidas de reactivación económica en el transporte y protección a los trabajadores y viajeros contra la pandemia COVID-19. Se realiza una división entre los diferentes ámbitos del transporte haciendo hincapié en que las medidas establecidas en el Real Decreto son de obligado cumplimiento desde su entrada en vigor, todo ello con el fin de combatir la pandemia COVID-19 y en consonancia con las Directrices EASA/ECDCA.

En relación con el transporte aéreo se establece que se informará a los viajeros sobre las medidas preventivas que deben adoptar, las causas sanitarias por las cuales deben de abstenerse de viajar, así como las consecuencias de detectar en los controles a una persona con posibilidades de padecer el COVID-19. El pasajero deberá declarar que ha leído la información y que se encuentra en condiciones óptimas de salud. Asimismo, se limita la entrada al aeropuerto exclusivamente a los pasajeros que tengan un billete o tarjeta de embarque y a los empleados y personal necesarios e imprescindibles.

Las medidas enfocadas al trasporte marítimo especifican que se podrá reducir el tráfico mínimo, siempre y cuando se realice de forma motivada y proporcional. A su vez, los beneficiarios de concesiones y autorizaciones demaniales podrán reducir la cuota de la tasa de ocupación y tasa de actividad, siempre y cuando se acredite un impacto significativamente negativo que se cuantificará en base a la disminución del tráfico portuario en relación al tráfico medio registrado en 2018 y 2019.

A su vez también se podrá reducir la tasa del buque cuando este deba quedarse en un determinado puerto o dejen de operar por causa del COVID-19. Otra posibilidad que ofrece este Real Decreto es la de aplazar durante 6 meses y sin intereses de demora las deudas tributarias de liquidaciones no ingresadas en el ejercicio 2020.

Finalmente, en el ámbito del transporte por carretera se establece que quienes tengan como actividad empresarial la realización de transporte público de viajeros o mercancías podrán beneficiarse una moratoria de 6 meses de las cuotas en los contratos de préstamos, leasing y renting. Serán beneficiarios siempre y cuando atraviesen dificultades financieras, lo que se traduce en una reducción en los ingresos o en la facturación del 40% respecto a 2019.

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