En todos los casos en los que una administración pública inicie un expediente sancionador, el ciudadano o empresa tiene el derecho a ser informado debidamente sobre los hechos que han originado la apertura de dicho expediente sancionador.

Además la persona tiene derecho a formular alegaciones, y es en este momento donde se hace necesaria la presencia de un abogado especialista en Derecho Administrativo que analice el expediente y realice unas alegaciones conforme a Derecho con el objetivo de evitar que finalmente sea impuesta la sanción.

Todo procedimiento sancionador ha de contar con garantías legales y seguir unos cauces previamente establecidos en la legislación administrativa, por lo que habrá que estar muy atentos a los posibles errores en los que la Administración pueda incurrir en el transcurso del procedimiento sancionador, pues los mismos podrán ser utilizados por los ciudadanos para evitar la sanción final.

El procedimiento sancionador puede resultar en ocasiones muy complicado por lo que es aconsejable contar con un abogado de confianza experto en expedientes sancionadores para hacer valer todas las garantías que se encuentran a disposición del ciudadano.