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Se mantiene la suspensión del deber de disolución por pérdidas

Paloma Moya

ABOGADA Y ASESORA FISCAL

El artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, con carácter general, establece como causa de disolución de las sociedades mercantiles que “las pérdidas dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso”.

Una vez se hayan constatado alguna de las causas, los administradores de la sociedad deberán convocar la Junta General en el plazo de 2 meses. Si no fuera convocada la Junta general cualquier interesado podrá instar la disolución judicial de la sociedad ante el juez de lo mercantil del domicilio social de la sociedad. La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, mantuvo la suspensión de la causa de disolución por pérdidas del ejercicio 2020 en idénticos términos a los que se establecieron en el artículo 18 del Real Decreto-Ley 16/2020 de 28 de abril (a día de hoy derogada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre).

La mencionada Ley 3/2020, de 18 de septiembre y su predecesora, la Ley 3/2020 de 28 de abril, se elaboraron con la finalidad de paliar los efectos negativos que la crisis sanitaria y económica podía llegar a producir en diferentes ámbitos, tal y como se aclara en la exposición de motivos: “de modo que se permita a las empresas ganar tiempo para poder reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar pérdidas, ya sea por la recuperación de su actividad ordinaria por el acceso al crédito o las ayudas públicas”.
El siguiente artículo 13, es el que determina la no consideración de pérdidas en el ejercicio 2020; “Artículo 13.1, Suspensión de la causa de disolución por pérdidas:

1. A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas del ejercicio 2020 (…).”
Respecto del mismo, se suscitaban dudas en cuanto al alcance temporal o duración de esta suspensión de la causa de disolución, y sobre el momento en que los administradores deben convocar la Junta General que decida la disolución o adopte las medidas para remover dicha causa. Según el Consejo General de Economistas de España, «las empresas –y, en particular, las pequeñas y medianas– aún no han podido generar los suficientes rendimientos para compensar todas las pérdidas acaecidas en 2020 –y algunos sectores todavía tendrán resultados negativos en 2021–, por lo que necesitan un mayor margen de maniobra si no quieren verse abocadas a la disolución, aunque sean perfectamente viables».

El 23 de noviembre del 2021, se publicó el Real Decreto-Ley 27/2021 de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación, entre ellas, la suspensión del deber de disolución para pérdidas imputadas al ejercicio 2021.
Este Real Decreto modifica el apartado 1 del artículo 13, que queda redactado de la siguiente manera:
«1. A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 (…)”.

Es por ello que, a los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución por pérdidas, no se tomaran en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2021. Esta medida tiene como objetivo impedir que las sociedades puedan incurrir en causa de disolución en el 2021 como consecuencia de las pérdidas generadas en el mismo año. Es una gran noticia que ayudará a la recuperación económica de muchas empresas que se han visto afectadas por los efectos económicos derivados del COVID-19.

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