Todavía no ha aparecido el Real Decreto publicado en el BOE con los cambios anunciados, pero ya podemos considerar que es oficial la subida del Salario Mínimo Interprofesional (en adelante, SMI).
El Ministerio de Trabajo y Economía Social y los sindicatos CC.OO. y UGT han firmado un acuerdo para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2021, para que se incremente en 15 euros mensuales llegando a ser de 965 euros mensuales con 14 pagas y, todo ello, con efecto retroactivo desde el 1 de septiembre de 2021.
Ya en el año 2020, los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional acumulados en los dos años anteriores, suponían incrementos de los costes laborales cercanos al 30% y un nuevo aumento del salario mínimo (1,6%) se estima que traerá un incremento de la precariedad en el empleo y la tendencia a acudir a la economía sumergida laboral, con aumento de las horas trabajadas sin reconocimiento legal ni cotización a la Seguridad Social.
Esta propuesta de revalorización no contará con el respaldo de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que han rechazado reiteradamente incrementar el SMI porque consideran que no es el momento, ni se dan las circunstancias para ello dado que la economía española se encuentra en los inicios de la recuperación y este aumento podría dañar la creación de empleo.
Desde el primer trimestre de 2020 hasta hoy, en un escenario todavía de pandemia y con grandes incertidumbres económicas y sociales, las condiciones se han endurecido aún más para amplios sectores de la sociedad.
Sectores como el agrario, el de las empleadas del hogar, el de los autónomos (especialmente todos los que están cotizando por bases mínimas de cotización), para los jóvenes y todos aquellos con los empleos menos cualificados, así como trabajadores en paro, verán como una subida del Salario Mínimo interprofesional, tienen mayor dificultad para mantener sus empleos o no pueden acceder a un empleo por la elevación del salario y la falta de equilibrio entre oferta y demanda laboral.
No debemos olvidar, que la subida del salario mínimo también puede tener efectos negativos sobre la creación bruta de empleo, así como acentuar la destrucción de empleo, reducir la duración de la jornada o eleven la tasa de temporalidad de la contratación laboral.
Todo ello es debido a que España tiene una tasa de paro estructural anormalmente alta en comparación con la mayoría de los países de la UE.
Entre las causas ello, podemos encontrar la baja cualificación comparativa de los jóvenes (derivadas en gran medida de altas tasas de abandono escolar), así como de algunos colectivos no tan jóvenes sin olvidar que, en general, la población inmigrante que trabaja en España tiene una proporción de trabajadores poco o muy poco cualificados superior a la que registran otros países avanzados de Europa, que han encontrado trabajo en España en industrias intensivas en mano de obra.
Por otra parte, un incremento de los costes salariales (derivados del incremento del Salario Mínimo, de los costes de cotización a la Seguridad Social hasta, inclusive, los costes indemnizables de las extinciones de los contratos laborales) complicaría la negociación colectiva y la obtención de acuerdos en convenios colectivos
Desde la otra cara de la moneda, la subida del SMI tiene dos consecuencias que afectan de manera directa al sistema de pensiones público. Por un lado, tendremos el incremento en la recaudación por cotizaciones sociales y, por otro, un aumento de las bases reguladoras de las prestaciones de la seguridad social.
El incremento de las cotizaciones es consecuencia directa del incremento de las bases mínimas de cotización, que suben en función del SMI, sobre las que posteriormente se aplicarán los tipos de cotización de los trabajadores, y las pagan, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena o asalariados, las empresas especialmente significativas en los casos de trabajadores de categorías inferiores y con menores salarios.
Por otra parte, al incrementarse las bases de cotización de los trabajadores en los próximos años aumentará considerablemente el gasto en pensiones de jubilación (por el incremento de las bases reguladoras), así como los importes del resto de prestaciones y pensiones, como el de la incapacidad permanente.
Si bien el Banco de España tiene una opinión negativa sobre las consecuencias de dicha subida (que considera para un punto porcentual de subida del salario mínimo se pierde entre un 0,03% y un 0,06% del empleo), es todavía pronto para estimar con una cierta precisión los efectos que dicha subida (y las que ya se anuncian para los próximos años) pueden afectar al mercado de trabajo y, en última instancia, a la sociedad en su conjunto.
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