Una de las muchas consecuencias que nos ha dejado la pandemia del Covid-19 ha sido el aumento de los Expedientes de Regulación de Empleo, más conocidos como ERE. En efecto, durante los dos últimos años se ha podido observar su proliferación en todo el territorio nacional como resultado de las situaciones de crisis que atraviesan muchas empresas debido a los cierres impuestos por el Gobierno para paliar la situación sanitaria, empresas que encuentran en estos procedimientos administrativos una medida para paliar sus efectos económicos.

En primer lugar, conviene empezar definiendo lo que es la figura de ERE. Se trata, en esencia, de un despido colectivo definitivo dirigido a obtener la reducción, suspensión o extinción de la relación laboral. Por su parte, si los ajustes de la plantilla son temporales, estos reciben el nombre de ERTE (Expedientes de Regulación de Empleo Temporal).

Este año ha sido duro para el sector financiero, incluso para entidades bancarias de primera línea, como CaixaBank, Santander y BBVA, en donde ya se han producido despidos colectivos. Igualmente, este año se ha producido la fusión de los bancos Unicaja y Liberbank, dando lugar al quinto banco español por volumen de activos, Unicaja Banco.

Como consecuencia, Unicaja Banco presentó su ERE, cuyas condiciones incluyen prejubilaciones para los empleados de entre 57 y 63 años. Dicho ERE se encuentra actualmente en fase de negociación con los representantes sindicales, siendo el objetivo de Unicaja Banco ajustar su plantilla, reduciéndola un 28%, reducción que busca un ahorro financiero por parte de la entidad.

Se prevé que el despido colectivo afecte a 1.513 empleados, sumando a su vez, planes de jubilaciones, donde se asegura a los afectados el cobro de más de la mitad de su sueldo.  Por un lado los trabajadores de menos de 50 años podrán recibir una indemnización de 26 días por año trabajado, con el máximo de 18 mensualidades. Por otro, a los trabajadores de entre 57 y 58 años que tengan una antigüedad mínima de 15 años, se les ofrece un pago mensual del 50% del salario bruto, descontando el importe de la prestación por desempleo. Por su parte, los trabajadores de entre 59 y 63 años, que tengan una antigüedad mínima de 15 años, conservaran un 52% del salario, descontando el importe de dicha prestación igualmente. Sin embargo, se establece que los mayores de 63 años obtengan una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

A pesar de que la entidad asegura llevar un proceso de armonización, estas medidas son criticadas por los trabajadores y sindicatos, alegando que el procedimiento terminará en conflictividad laboral, con protestas que serán llevadas a cabo mediante huelgas y movilizaciones. Igualmente, por parte de los trabajadores, se teme que se produzca una bajada de salarios. Unicaja Banco, sin embargo como gesto de buena voluntad, presenta un plan recolocación, en el que se ofrece la opción al personal afectado de formar parte de Empresas de Empleo Temporal (ETT’s).

Con respecto de la movilidad geográfica, se plantea ampliar el radio de aplicación, de 25 a 90 kilómetros, lo que conllevará un aumento en la indemnización que percibirán los afectados. Por su parte, se pretende establecer que si la distancia varía entre 91 y 151 kilómetros, la indemnización será de 3.000 euros, y si la distancia varía entre 152 y 300 kilómetros, la indemnización ascenderá a 6.000 euros. Sin embargo, si dicha distancia superase los 300 kilómetros, la propia entidad pondrá a disposición del trabajador 700 euros mensuales, en concepto de ayuda a la vivienda. No obstante, Unicaja por su parte ha afirmado su compromiso de disponer de gestores remotos a distancia, potenciando la banca digital, para evitar dicha situación.

Por último, para saber más acerca de cómo ira avanzando el procedimiento, tendremos que esperar a la próxima comisión negociadora, citada para el 27 de octubre en Málaga.