Caso Vodafone Vs. India

El conflicto por el cual la conocida compañía Vodafone e India llegaron a la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) tiene origen hace nada más y nada menos que trece años. Después de varias sentencias y tiranteces entre la multinacional y el país asiático, fue la CPA la que puso fin al conflicto de manera favorable a Vodafone.

Vodafone había comprado la mayor parte del accionariado de una compañía de los países bajos que controlaba indirectamente a otra radicada en India, con un precio ascendente a 11 mil millones de dólares. Ante esta operación, el Estado indio reclamó a la adquirente la suma de un total de 2.200 millones de dólares sobre las ganancias de capital en concepto de impuestos, a lo que la compañía respondió con una negativa, argumentando que no se habían trasladado activos de capital de India al extranjero.

El conflicto, recientemente iniciado, se resolvió, en un primer momento, ante los Juzgados indios, que fallaron a favor de su Estado. Presentada apelación por parte de Vodafone, la Corte Suprema resolvió en sentido negativo al pago de impuestos. Tal resolución aconteció en el año 2012, mismo año en el que el Parlamento Indio presentó un Proyecto de Ley que se aplicaría retroactivamente y por el cual Vodafone habría de pagar los impuestos que reclamaban, además de sanciones e intereses. La suma que pretendían hacer pagar a la compañía ascendía a nada menos que 5 mil millones de dólares.

Ello provocó que compañía de telecomunicaciones acudiese a un arbitraje internacional, alegando que se había vulnerado el estándar de Trato Justo y Equitativo reconocido en el Tratado Bilateral de Inversiones entre los Países Bajos e India.

Finalmente, el laudo de la CPA de la Haya, al igual que la Corte Suprema, reconoce a Vodafone la inexistencia de tal obligación fiscal, condenando al Estado indio a la devolución de lo recaudado bajo ese concepto y al pago de casi 5 millones de dólares en concepto de compensación parcial por las costas legales que haya tenido que desembolsar la compañía.

La Corte, constituida por cuatro mediadores, falló de forma unánime; incluso el mediador propuesto por India indicó que la pretensión del Estado iba en contra de las obligaciones internacionales del mismo.

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