ABOGADOS ARBITRAJE Y LITIGACIÓN

Puede ser gestionado por las Cortes de Arbitraje, siendo de carácter institucional o bien puede ser libre. En el arbitraje libre o independiente, también denominado ad hoc, son las partes las que establecen las principales cuestiones relativas al arbitraje (como el nombramiento del árbitro o árbitros o los efectos del laudo), siempre respetando la Ley de arbitraje y el carácter obligatorio del laudo para las partes.

En primer lugar, se trata de un foro neutral. Cuando se plantea un conflicto a nivel internacional, es habitual acudir al arbitraje, pues se elimina la desventaja que supone para la parte extranjera someterse a los tribunales nacionales a los que pertenece la parte contraria.

Además, los árbitros pueden estar especializados en la materia fruto del conflicto, lo que puede no suceder en caso de acudir a los Tribunales.

Otra de las ventajas más acusadas es la celeridad a la hora de resolver los conflictos, pues, como es sabido, en caso de acudir a los Juzgados el proceso se puede dilatar enormemente en el tiempo, lo que supone un coste extra para las partes que pretender resolver el conflicto.

Existe en el Arbitraje una mayor flexibilidad y antiformalismo que facilita el proceso, pudiendo incluso las partes elegir el número de árbitros (que normalmente se fija en tres), en función de la complejidad del asunto.

El laudo es de obligatorio cumplimiento, por lo que tiene el mismo efecto que una sentencia judicial firme.

No cabe recurso, pues es una decisión firme. No obstante, por motivos tasados, se puede interponer una acción de anulación.

La Ley estipula ciertos motivos por los que se podrá proceder a revisar una sentencia firme.

Es el caso de que se recobraren u obtuvieren documentos decisivos de los que no se hubiese podido disponer en su momento por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiese dictado.

También en el caso de que se obtuviesen documentos declarados como falsos, de los que al momento de presentarlos en su oportuno proceso, no se tenía constancia o no se conocía el elemento de su falsedad.

Se podrá, asimismo, proceder a revisar una sentencia firme cuando hubiese recaído sentencia en virtud de prueba testifical o pericial y los testigos o peritos hubiesen sido condenados por falso testimonio, así como si se hubiese ganado el pleito en virtud de cohecho, violencia o maquinación fraudulenta.

Se contempla, asimismo, la posibilidad de revisar una sentencia firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haya declarado que esta se había dictado en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, siempre que sus efectos no puedan cesar de otro modo que no sea proceder a la revisión.