La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, afirmó en dicha reunión que, actualmente, uno de los principales objetivos del Gobierno es mejorar la formación profesional a fin de que esta de respuesta a las necesidades del mercado laboral y sea más internacional. La ministra identificó entre los problemas con los que cuenta la formación profesional, los siguientes: desequilibrio entre el nivel de formación y las necesidades del mercado laboral; baja acreditación de las competencias profesionales; escaso tiempo dedicado a la formación y baja tasa de matriculación de alumnos en estas enseñanzas.
La nueva oferta formativa presenta distintos grados ascendentes de formación: Grado A: acreditación parcial de competencias; Grado B: certificado de competencia profesional; Grado C: Certificado Profesional; Grado D: Ciclos formativos (básico, medio y superior) y Grado E: curso de especialización (especialistas y másteres). Además, la ministra ha destacado que cada persona podrá diseñar su itinerario formativo y adaptarlo tanto a sus circunstancias personales como a las necesidades laborales.
Esta mejora en el plan de Formación Profesional permite que la educación proporcionada en estos ciclos formativos, se asemeje con la educación que se proporciona en los centros universitarios.
Por otro lado, el Consejo de ministros anunció que el Gobierno ya ha trasladado a las Cortes el Proyecto de Ley Orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte, que incorpora al ordenamiento jurídico español el Código Mundial Antidopaje, el cual fue aprobado el pasado mes de enero, con el fin de garantizar al desarrollo de las competiciones deportivas mediante la comprobación de que los deportistas no se valen de sustancias prohibidas para la consecución de sus fines.
Como medida de impulso a la investigación y la innovación, el Gobierno ha aprobado el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, un conjunto de inversiones centrado en los sectores más estratégicos para la recuperación, la transición ecológica y la digitalización.
Para contribuir al refuerzo de la solvencia de las empresas afectada por la pandemia, el Ejecutivo ha establecido el funcionamiento del Fondo de Recapitalización de Empresas afectadas por la COVID-19. Como beneficiarios de este fondo, se encuentran aquellas empresas medianas cuyo promedio de facturación esté entre 15 y 400 millones de euros.
En relación con la disposición de la ley catalana sobre vivienda y arrendamientos, el Consejo de ministros ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y disposiciones de dicha ley.
Por último, el Consejo de ministros mostró la preocupación por el incremento de casos de violencia de género que, desgraciadamente, está viviendo nuestro país. En este sentido, los ministerios de Igualdad e Interior ya están revisando conjuntamente sus protocolos de actuación y protección.
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