Aplazamientos tributarios y ampliaciones de plazo por el COVID19

Manuel Cubiles

Asesor Fiscal y Contable

Debido a la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se han adoptado en los últimos días, con carácter de urgencia, un importante número de medidas y disposiciones extraordinarias por parte de muy diversas Administraciones Públicas.

Por parte de la Administración General del Estado, en su propio ámbito y en materia tributaria, sus medidas más importantes han sido publicadas los días 13, 14 y 18 de marzo, las cuales exponemos a continuación por orden de aparición.

Real Decreto-ley 7/2020, de 13 de marzo, cuyo artículo 14 abre la posibilidad de realizar la solicitud de un aplazamiento de deudas tributarias cuyo ingreso producirse entre el 13 de marzo y el 30 de mayo próximo. Este aplazamiento será concedido por un plazo de seis meses, de los cuales los tres primeros no devengarán intereses. Esta medida pretende amortiguar las dificultades de la situación novedosa en la que nos encontramos, aunque con matices, ya que solo será aplicable a los deudores cuyo volumen de operaciones en 2019 no supere los seis millones diez mil euros y para deudas que no superen los treinta mil euros.

Es decir, este Real Decreto sólo es de aplicación a contribuyentes de reducida dimensión (autónomos y Pymes) y cuyo principal efecto es el de permitir aplazamientos sin garantía de determinadas deudas,  incluyendo entre ellas la posibilidad de aplazar retenciones, pagos a cuenta e ingresos fraccionados, excluidos hasta ahora de esta posibilidad.

Real Decreto 463/2020, de 14 de Marzo –también realizado a raíz de la crisis del coronavirus- por el que se declara el estado de alarma y en el que, dentro de sus amplias medidas en muy diversos aspectos, también incluye algunas de amplio calado en el ámbito tributario, como es la suspensión de plazos procesales, plazos de prescripción y caducidad de todos los derechos y acciones  suspendiéndose, por lo tanto, los plazos de tramitación de los recursos contencioso-administrativos, salvo actuaciones que el órgano jurisdiccional estime necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes, con poca transcendencia en el ámbito tributario al no tener una amplia aplicación.

El Real Decreto es de aplicación a autónomos y Pymes y su principal efecto es el de permitir aplazamientos sin garantía de determinadas deudas

Además, el Real Decreto dispone, también, la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones, sin ahondar más, lo que podría interpretarse como una suspensión de los plazos para la interposición de recursos contencioso-administrativos, aunque siendo prudentes sería conveniente que estos escritos se presenten dentro de los plazos ordinarios.

Real Decreto-ley 8/2020, de 18 de marzo, cuyo artículo 33 regula la suspensión de los plazos en el ámbito tributario, estableciendo la ampliación hasta el 30 de abril de los plazos en los procedimientos de naturaleza tributaria que hubiesen comenzado antes de la entrada en vigor de dicha norma, así como la extensión hasta el 20 de mayo de los que se notifiquen a partir de esa entrada en vigor, salvo que la norma ordinaria prevea de por si otro superior.

Al hablar de procedimientos de naturaleza tributaria, este Real Decreto prevé expresamente dichas ampliaciones para “plazo de deudas en período voluntario o apremiadas, así como vencimientos de deudas aplazadas o fraccionados”, sin limitación, eso sí, en cuanto a sujetos pasivos e importes. Dicho esto, las ampliaciones de plazo aquí mencionadas no serán aplicables a la obligación de presentar autoliquidaciones e ingresar retenciones e ingresos a cuenta.

En definitiva, las Administraciones Públicas se enfrentan a la situación planteada como consecuencia de la pandemia del coronavirus con una batería de medidas que van necesariamente adaptando y ajustando, dado lo cambiante de la situación y la ausencia de precedentes, haciendo frente a los desajustes que la crisis sanitaria provoca en la economía, e intentando a su vez  garantizar un cierto nivel de ingresos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ante esta batería de medidas de urgencia adoptadas por las Administraciones Públicas debido a la alerta sanitaria decretada, es previsible que en los próximos días veamos adaptaciones o ajustes sobre las mismas.

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