En LABE contamos con expertos fiscales en el sector inmobiliario que te guiarán desde el inicio hasta el final de tus operaciones. Contamos con un extenso equipo especializado en la optimización de la tributación inmobiliaria y fiscalidad municipal de nuestros clientes y que cuenta con 30 años de experiencia. Ofrecemos un servicio de gestión integral 360º técnico, jurídico y fiscal. Así garantizamos que los tributos devengados se ajustan a la realidad específica.
Somos expertos en la optimización de tributos locales y otros impuestos afectos al valor catastral, especializados en la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
En LABE nos encargamos del estudio y la realización de análisis técnicos y la posterior argumentación jurídica ante la Administración, así como la interposición de los recursos necesarios ante las Ordenanzas Fiscales y las Ponencias de Valores, y la defensa en casos de inspecciones y sanciones tributarias.
Gracias al amplio conocimiento en impuestos locales y la permanente actualización sobre las modificaciones legislativas, conseguimos lograr una máxima eficiencia. Todo ello, mediante una metodología probada y con el personal cualificado.
Si compro una vivienda ¿tengo que pagar IVA o ITP?
La compra de una vivienda usada supone para el comprador el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas que ingresará él mismo en la Hacienda Autonómica correspondiente al lugar en que se halle situado el inmueble.
En los contratos de arrendamiento con opción de compra de viviendas nuevas, incluidas hasta dos plazas de garaje por vivienda y anexos situados en el edificio que se arrienden conjuntamente, antes de ejercitar la opción, el arrendamiento (prestación de servicios) tributará por IVA, aplicándose los tipos impositivos del 10%, y del 4% en el caso de viviendas de protección oficial de régimen especial o de promoción pública.
¿Resulta costoso litigar contra el Ayuntamiento los recibos de IBI?
No. Nuestros recursos generalmente se resuelven en la vía Administrativa y son dirigidos a las Gerencias Provinciales del Catastro.
¿Podéis revisar el recibo de cualquier inmueble?
Si, nuestro trabajo está centrado en comprobar los aspectos técnicos de la valoración catastral de cualquier tipo de inmueble.
Optimización tributaria
La optimización tributaria es la operación que permite reducir el impacto fiscal propiciando una mayor rentabilidad financiera, siempre haciendo uso de medidas lícitas. La optimización fiscal tiene una gran relevancia a la hora de que cualquier movimiento empresarial pague los impuestos justos, pero no más. Desde este punto de vista, analizar preventivamente las decisiones mercantiles fiscalmente suele ahorrar muchas lamentaciones.
En LABE encontrará un equipo especializado a su disposición que le ayudará a obtener el mejor rendimiento fiscal.
Due Diligence inmobiliaria
En una due diligence inmobiliaria se fiscalizan entre otras cosas la concordancia entre la descripción del inmueble en el Registro de la Propiedad y la realidad, la inexistencia de procedimientos sancionadores ni infracciones urbanísticas, estado de cargas y gravámenes, tales como hipotecas servidumbres, etc., la sujeción del inmueble a contratos de arrendamiento, titularidad catastral, etc.
Mediante una Due Diligence inmobiliaria conseguimos aumentar la seguridad jurídica de la operación, mitigando incertidumbres financieras, evitando que la presencia de contingencias disminuya el valor del bien. Nuestros asesores fiscalistas no solo comprobarán que todo está en orden, sino también te aconsejarán sobre la mejor manera de invertir y comprar
Desde nuestro Despacho, no solo nos ocupamos de la tramitación de la compraventa, preparamos y revisamos el contrato, asistimos en la firma notarial y tramitamos el pago de los impuestos, sino por también le ofrecemos este importante examen legal al cual sigue en su caso el contrato de arras o el contrato de reserva.
Servicios:
- Análisis legal de posibles derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad.
- El análisis de los datos del Catastro y del Registro de la Propiedad, incluye la obtención de una nota registral actual.
- La obtención de un certificado por parte de los vendedores de no existir procedimientos legales o administrativos pendientes contra el inmueble.
- La comprobación del pago de los últimos pagos del IBI u obtención de certificado.
- Un resumen por escrito de los resultados y una conversación personal o telefónica para comentar los resultados.
Valor catastral
El valor catastral es la determinación individualizada de un inmueble basada en los datos existentes en el Registro Catastral. Por ello, es de gran importancia que la descripción aportada coincida con la realidad física, pues en caso contrario, el valor será inexacto. Este valor administrativo es el resultado del valor catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones. Para conocer el valor catastral del suelo se toman en cuenta elementos como la longitud de la fachada, el fondo de la parcela, afección del terreno al régimen de protección oficial, etc., mientras que para el valor de la construcción se analiza la antigüedad, el uso o el estado de conservación. También se utilizan una serie de coeficientes correctores que pueden afectar al cómputo final.
En LABE contamos con asesores que se ocupan de comprobar que el inmueble urbano o rústico se adapta a lo reflejado en el Catastro, a fin de dilucidar si existen errores que puedan haber afectado al cálculo del valor catastral. En caso de que lo haya, se procedería a la correspondiente regularización catastral.
Regulación Catastral
La regularización catastral consiste en dejar constancia de los bienes inmuebles urbanos y rústicos que se tienen en propiedad, tras el incumplimiento de la debida obligación de declarar. También se incluyen en el procedimiento todas aquellas alteraciones que hayan afectado a sus características.
El periodo de regularización catastral está establecido por una resolución de la Dirección General del Catastro que se publica en el Boletín Oficial del Estado. Se desarrolla en todo el territorio nacional, con la excepción de País Vasco y Navarra. Y es que mientras que la mayoría de comunidades autónomas se rigen un régimen general de impuestos, Navarra y País Vasco cuentan con un régimen foral, que se traduce en que ellos deciden qué importe recaudado por los impuestos ceden al Estado mediante un convenio que regula su aportación económica.
El procedimiento se inicia de oficio, dejando saber a los obligados su derecho de alegar lo que estimen conveniente. La regularización lleva consigo la obligación de pagar una tasa catastral cuyo importe queda establecido en 60 euros por inmueble. Esta cuantía es abonada por quien tenga la condición de sujeto pasivo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el ejercicio en el que se haya iniciado el procedimiento.
¿Qué es el catastro?
El catastro no es más que un registro de todos los bienes inmuebles que se encuentran en un determinado territorio. Este registro depende del Estado, por lo que la información que aquí se incluye es de interés público y, por tanto, debe estar actualizada.
Esto se debe a la utilidad que presenta este registro, ya que sirve como base de control y gestión administrativa estatal de todos aquellos bienes inmuebles que se integran dentro de un país o región. Así pues, hablamos de todo tipo de bienes inmuebles, debiendo incluir los bienes inmuebles rústicos, urbanos o los considerados como de características especiales. En otras palabras, hablamos de un gran inventario de aquellos inmuebles que posee un país, el cual reúne todo tipo de características de los mismos de manera ordenada y otorgando conocimiento público de estos.
¿Cómo consultar el valor catastral de una vivienda?
De manera genérica, el valor catastral de una vivienda es calculado en función del valor del suelo de la misma, así como el valor de construcción, cargas singulares o inadecuación de la edificación y el terreno y distintos criterios especificados en las normativas de cada municipio.
El valor del suelo
Para el valor del suelo se deberá tener en cuenta:
- El número de fachadas y su longitud.
- El fondo de parcela y su forma irregular, así como la superficie diferente a la mínima exigida por el planeamiento urbanístico.
- La imposibilidad de edificación temporal por antigüedad o la afección por preservar el terreno a la construcción de VPO.
Impuestos Municipales
Todas las Comunidades Autónomas de España cuentan con potestad tributaria según lo establecido en los artículos 133.2 y 157.1 b de la Constitución y 6.1 de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas, esto es, la capacidad para crear tributos propios, a condición de no recojan hechos imponibles ya gravados por impuestos estatales o municipales. Cataluña se sitúa a la cabeza, al contar con más de 20 figuras impositivas, a diferencia de Madrid, la cual ha eliminado todos.
Existen más de 80 impuestos locales en el territorio nacional. Estos tributos gravan emisiones de dióxido de carbono, bebidas azucaradas envasadas o establecimientos turísticos, entre otras cosas. Comunidades como Andalucía gravan las tierras infrautilizadas o los vertidos a aguas litorales. Tres impuestos municipales son obligatorios para todos los municipios de España. Estos son el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD) es un impuesto que aunque en la actualidad se ha cedido a las Comunidades Autónomas es de carácter estatal. Debe destacarse que está formado por tres impuestos diferenciados:
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El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) afecta a las transmisiones de bienes y derechos que no estén sujetas a IVA. Además de la constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativa.
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El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) grava la suscripción de documentos notariales, mercantiles o administrativos.
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El Impuesto sobre Operaciones Societarias (OS) grava la realización de determinadas operaciones societarias, como la constitución de sociedades, el aumento y disminución de su capital social, la disolución de sociedades o el traslado del domicilio social a España, entre otras.
Impuesto de Actividades Económicas
El Impuesto de Actividades Económicas grava cualquier actividad económica que tiene lugar en España, con lo que es un impuesto de titularidad estatal que se paga con independencia del sector al que pertenezcas.
Es obligatorio darse de alta, y se está exento del pago durante los dos primeros años de actividad. Transcurridos los dos primeros años, se estará obligado al pago del impuesto si los ingresos superan los 1.000.000 años en el penúltimo año anterior al devengo. Esto quiere decir que, si superas esta cifra durante el primer año, a pesar de estar exento al pago, deberás ingresar lo exigido por el impuesto en el tercer año.
En LABE mediante la revisión y actualización de estos parámetros conseguimos la correcta determinación del impuesto de nuestros clientes, adecuándolo a sus actividades reales. Por lo tanto, podemos ayudarle a pagar solo lo que le corresponde por su actividad empresarial.
¿Quién paga el impuesto de actividades económicas?
El Impuesto de Actividades Económicas lo pagan tanto las personas físicas (autónomos, profesionales), como las jurídicas (entidades, sociedades). Existe una exención general que exime del impuesto a las empresas o autónomos cuyo importe total neto de su cifra de negocios (sus ingresos) sean inferiores a 1 millón de euros.
¿Cuándo hay que pagar el IAE?
El impuesto se devenga siempre el día 1 de enero de cada año, coincidiendo el periodo impositivo con el año natural, excepto en los casos de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, también llamado IBI, es un tributo directo de titularidad municipal que grava la tenencia de derechos reales sobre un bien inmueble. Los beneficiarios son los Ayuntamientos como parte de las tasas municipales.
La obligación de pagar el IBI se contrae desde el momento de adquisición de un bien inmueble, recayendo en el propietario la obligación de inscribirlo en la Dirección General del Catastro. Este impuesto se paga de forma anual.
Para calcular el impuesto se toma el valor catastral del bien, que varía en función de la localización del inmueble, valor del suelo, coste de la construcción, antigüedad del edificio o las características urbanísticas del suelo.
Cada Ayuntamiento establece un tipo que se debe aplicar a cada inmueble, previamente calculado con unos coeficientes del Ministerio de Hacienda.
Exenciones del IBI
Hay inmuebles que, por su naturaleza, están exentos de generar gravamen. Es el caso de los inmuebles propiedad del Estado, Comunidades Autónomas o entidades locales; edificios diplomáticos y organismos oficiales, bienes propiedad de la Iglesia católica, terrenos ocupados por líneas de ferrocarril y monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad. Nuestro equipo de expertos te asesorará para que conozcas que inmuebles están exentos de pagar el IBI
Bonificaciones del IBI
También existen supuestos en los que el pago del IBI se beneficia de reducciones. Es el caso de las viviendas de protección oficial, inmuebles rústicos de cooperativas agrarias o familias numerosas.
¿Cuánto es el impuesto de bienes inmuebles?
El impuesto es anual y tiene una tarifa del 0.25% sobre el valor del bien inmueble, y su sujeto activo son las municipalidades, las cuales asumen el carácter de administración tributaria, encargándose de realizar valoraciones de los bienes inmuebles, facturar, recaudar, tramitar el cobro judicial y administrar, en sus respectivos territorios, los recursos generados por este impuesto en particular.
Plusvalía Municipal
La plusvalía, también denominado Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, es un tributo de carácter local que se aplica a los terrenos de naturaleza urbana cuando tiene lugar una transmisión fruto de una compraventa o donación.
Su importe va a depender del valor catastral del terreno y de los años que el titular lo haya tenido, debiendo multiplicar el porcentaje del incremento por el número de años.
Lo recauda el ayuntamiento, y se liquida en el plazo de 30 días desde que tiene lugar la transmisión. En el caso de herencia, no se liquida hasta el fallecimiento del causante.
En el caso de venta, es el vendedor el obligado al pago de la plusvalía, mientras que, en el caso de una donación, será el heredero el obligado al pago.
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras o ICIO
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) es un tributo municipal que grava la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de licencia de obras o urbanística o la presentación de declaración responsable o comunicación previa, con independencia de que se haya obtenido o no.
Se trata de un tributo potestativo, es decir, no todos los Ayuntamientos lo exigen, solo aquellos que tienen aprobada la ordenanza fiscal correspondiente.
