La responsabilidad patrimonial de la Administración se puede traducir como una exigencia de resarcir a los ciudadanos de los daños que hayan sufrido como consecuencia de daños ocasionados por una acción u omisión de las Administraciones Públicas.

Para poder exigir esta responsabilidad deben concurrir una serie de requisitos que son:

• Que se haya producido un resultado dañoso, que además debe ser real y efectivo e individualizado.
• La antijuridicidad del daño, esto es, que la persona que lo haya sufrido no tenga el deber jurídico de soportarlo.
• Imputabilidad del daño a la Administración.
• Nexo causal directo entre la actividad de la Administración y el resultado dañoso.

Durante un tiempo, en España apenas se interponían reclamaciones frente a organismos públicos, pero poco a poco esto ha ido cambiando al comprobarse que cada vez hay más perjudicados por el funcionamiento de los Servicios Públicos. Aumentando así de esta manera las reclamaciones contra la Administración Pública.