REFORMA LABORAL

La reciente reforma laboral publicada en el BOE aborda la lucha contra el abuso de la contratación temporal con un enfoque integral. Se introducen medidas para garantizar condiciones más justas en contratos formativos, para personas con discapacidad y en el Estatuto del Becario, con el objetivo de evitar el empleo precario bajo estas modalidades. Los contratos a tiempo parcial y de relevo también se regulan de manera más estricta para asegurar que los trabajadores reciban los beneficios que les corresponden.

La duración de los contratos temporales también ha sido un punto de enfoque, estableciendo límites y condiciones para su renovación y conversión en contratos indefinidos. En el sector de la construcción, los contratos indefinidos adscritos a obra buscan ofrecer más estabilidad laboral. La reforma también redefine los parámetros para la implementación del contrato fijo discontinuo y establece directrices más estrictas para la extinción del contrato. Finalmente, se han realizado modificaciones en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) para sancionar más eficazmente el abuso en la contratación temporal. 

También trae significativas modificaciones en el ámbito de la negociación y convenios colectivos. Uno de los cambios más notables se encuentra en el Artículo 86, que establece nuevos parámetros sobre la vigencia de los convenios, estableciendo condiciones más claras para su aplicación y renovación. La reforma también introduce un régimen transitorio que busca facilitar la adaptación tanto para empleadores como para trabajadores a las nuevas disposiciones. En lo que respecta a los contratos indefinidos adscritos a obra en el sector de la construcción, la reforma busca proporcionar una mayor estabilidad laboral, clarificando las condiciones bajo las cuales estos contratos pueden ser utilizados.  Este conjunto de cambios tiene el objetivo de fortalecer la negociación colectiva y asegurar una mayor protección para los trabajadores.

La reforma laboral también aborda las medidas de flexibilidad interna en las empresas con el objetivo de promover una mayor adaptabilidad a las circunstancias económicas y de mercado. Estas medidas permiten a las empresas reorganizar su fuerza laboral de una manera más eficiente, ya sea mediante la redistribución de horas de trabajo, la reubicación de empleados o la modificación de ciertos aspectos contractuales. Esta flexibilidad se ve equilibrada con garantías para los trabajadores, asegurando que cualquier cambio se realice dentro del marco legal y de manera justa. La finalidad es conseguir un equilibrio entre las necesidades operativas de la empresa y los derechos laborales de los empleados, facilitando la adaptación a cambios económicos o productivos sin recurrir al despido como primera opción. Este enfoque busca beneficiar tanto a empleadores como a empleados al ofrecer soluciones más dinámicas para la gestión de recursos humanos.

Se introduce una penalización para los contratos con una duración inferior a 30 días como una medida para desincentivar el uso de contrataciones de muy corta duración, que a menudo no proporcionan seguridad laboral ni beneficios sociales para los trabajadores. Esta penalización se manifiesta en una tasa adicional en las cotizaciones a la Seguridad Social que deben pagar los empleadores al utilizar este tipo de contratos. El objetivo de esta medida es fomentar la estabilidad en el empleo y reducir la precariedad laboral, alentando a las empresas a optar por contratos más largos que ofrezcan una mayor protección y beneficios a los trabajadores. En resumen, la penalización busca corregir una práctica que, aunque puede ofrecer flexibilidad para el empleador, a menudo resulta en inestabilidad y falta de derechos para el empleado.