PENAL ECONÓMICO

Delitos de corrupción

Delitos de corrupción

Abogados expertos en delitos de corrupción

Actualmente, aquellas conductas ligadas a la ética empresarial pueden tener trascendencia penal. La conducta típica de este delito es el soborno a un empresario o empleado con el objetivo de conseguir cerrar contratos de compraventa o de prestación de servicios con dicha entidad. Como hemos dicho, se castiga tanto a la persona que recibe la ayuda o beneficio como a quien lo ofrece, pudiendo tener incluso una repercusión en la persona jurídica si no se realizaron las actuaciones necesarias para evitar dichos comportamientos. Así, este delito tiene gran presencia en el área de contratación de la empresa cuando no hay controles rigurosos implementados o programas de cumplimiento que puedan prevenir estas conductas.

Por lo tanto, nos encontramos ante un tipo penal muy habitual y que requiere de un abogado especialista para el asesoramiento y defensa de aquellos que se vean involucrados en este tipo de conductas. En LaBE abogados contamos con grandes profesionales con una amplia experiencia en el sector que pueden acompañarle en el procedimiento con la mayor transparencia y celeridad proporcionándole toda la información de cada fase del proceso.

Asimismo, los profesionales de LaBE abogados podemos asesorarles para implementar un protocolo de prevención de riesgos penales (compliance penal) que exonere a la persona jurídica si dichas conductas se llevasen a cabo por personas en el seno de su organización, ya sea hayan llevado a cabo por el administrador o persona directiva o por los empleados o colaboradores. Nos encontramos ante un acto delictivo que puede perjudicar a la reputación de la empresa de forma grave, por lo que resulta imprescindible asistirse por medio de expertos que respeten la confidencialidad de la empresa para mitigar los daños que pueda suponer para la misma. Este carácter reservado es una de las características con la que cuentan los abogados penalistas de LaBE abogados.

Desde 2010, los delitos de corrupción en los negocios se recogen en el art. 286 bis del Código Penal:

  1. El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, u ofrecimiento o promesa de obtenerlo, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales, será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.
  2. Con las mismas penas será castigado quien, por sí o por persona interpuesta, prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, un beneficio o ventaja no justificados, de cualquier naturaleza, para ellos o para terceros, como contraprestación para que le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a otros en la adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios o en las relaciones comerciales.
  3. Los jueces y tribunales, en atención a la cuantía del beneficio o al valor de la ventaja, y a la trascendencia de las funciones del culpable, podrán imponer la pena inferior en grado y reducir la de multa a su prudente arbitrio.

De esta forma, nuestra legislación pena tanto la corrupción pasiva (el que reciba, solicite o acepte), así como la corrupción activa (el que promete, ofrece o concede) en el seno de las entidades privadas. Las penas previstas para la persona física oscilan entre los seis meses y los cuatro años de prisión, así como la inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.

Este delito puede conllevar responsabilidad para la persona jurídica (art. 288 y 31 bis CP), siendo, de hecho, uno de los más fácilmente imputables a las sociedades empresariales. Las penas previstas para las personas jurídicas consistirán en multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada en aquellos casos más graves.

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