El cohecho es el acto que coloquialmente se denomina como sobornar a un funcionario público ofreciéndole una cantidad de dinero determinada o similar, con el objetivo de que realice un determinado acto en perjuicio del interés público, y en beneficio de la persona que está cometiendo el delito. Para determinar la gravedad del cohecho, habrá que estar a la cuantía de la dádiva o regalo, así como su adecuación a los usos sociales correspondientes.

Puede quedar exento de responsabilidad criminal, en el caso de que se denuncien los hechos antes de la apertura del procedimiento y siempre dentro de los dos meses siguientes a la comisión de los hechos.

El tráfico de influencias consiste en tratar de conseguir que una persona que ocupa un cargo público dicte una resolución siendo consciente de su injusticia, para lucrar o beneficiar a un tercero. El tráfico de influencias se regula entre los artículos 428 y 430 del Código Penal.

En el campo del tráfico de influencias se pueden sancionar las siguientes infracciones:

• La influencia que un cargo público, una autoridad, funcionario o particular ejerce con el objetivo de conseguir que una autoridad o funcionario público dicten una resolución  determinada para lograr un beneficio personal.
• El ofrecimiento por parte de una autoridad o funcionario público de favorecer deliberadamente a otro sujeto, a cambio de algo.

Normalmente, quien comete un delito de tráfico de influencias busca un beneficio económico. Aunque, no hay que olvidar que lo que se sanciona es la influencia encaminada al dictamen de la resolución que vaya a dar lugar a dicha ganancia.

La pena que corresponde por este delito es de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, y prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de seis a diez años. Si se obtuviere el beneficio obtenido la penase impondrá en su mitad superior.

El delito de prevaricación está tipificado en los artículos 404 a 406 del Código Penal, y lo cometen aquellos funcionarios o autoridades públicas que ejecuten o dicten una resolución de manera arbitraria en una cuestión administrativa conociendo el carácter injusto de esta acción. También es un delito de prevaricación cuando por parte de dicha autoridad pública nombre o propone para un determinado puesta de la Administración a una persona que no cumple los criterios objetivos, el perfil o los requisitos legalmente establecidos para ello, a sabiendas de la ilegalidad. En este sentido, también comete prevaricación quien acepta la propuesta o nombramiento sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles.

Modalidades y penas:

• Cuando una autoridad pública, consciente de su injusticia, dicta una resolución arbitraria: En un asunto administrativo este delito se sanciona con la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un espacio de tiempo de nueve a quince años.
• Cuando una autoridad pública, consciente del carácter ilegal de su acto, nombra o selecciona para el ejercicio de un determinado cargo público a una persona sin que esta cumpla con los requisitos establecidos en la ley para ello, se sancionará con penas de multa de entre tres y ocho meses, además de la suspensión de empleo  y sueldo  por tiempo de uno a tres años.
• Cuando una persona acepte el nombramiento, toma de posesión o propuesta teniendo la certeza de que no cumple los requisitos exigibles para ello, en este caso la pena será la misma que en los dos casos anteriores.

El delito de malversación es uno de los delitos relacionados directamente con la corrupción. El delito de malversación es un delito de apropiación indebida, mediante el cual un funcionario o autoridad, ejerce una administración desleal de los bienes que lo componen.

La malversación es un delito de apropiación indebida o administración desleal que cometen las autoridades o funcionarios públicos. Se trata de un doloso contra la Administración pública y está castigados con pena de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

El bien jurídico protegido en el delito de malversación es la Administración Pública en cuanto a su organización interna y a su relación con los ciudadanos.

El objeto material de estos delitos es el patrimonio público. La Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas incluye dentro del patrimonio público el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos.