La Audiencia Nacional está investigando una trama piramidal vinculada con la inversión en criptomonedas a través de la empresa Arbistar. La investigación que arrancó en un juzgado de Arona (Tenerife) cifra el número de víctimas de esta supuesta estafa en 1.127, pero podría llegar a 32.000 por el número de cuentas afectadas. El perjuicio económico se calcula en más de 41 millones, aunque podría alcanzar los 100 millones de euros.

En el escrito de personación presentado ante la Audiencia Nacional de LABE Abogados, se incluye además la petición de los delitos de estafa en su modalidad agravada, el delito de organización criminal, así́ como el delito continuado de falsificación en documento mercantil

¿Cómo funcionaba la presunta estafa piramidal?

Los inversores creaban una cuenta “Exchange”, esto es, un espacio virtual donde llevar a cabo la compra y venta; y dar de alta un monedero electrónico donde almacenar las criptodivisas y desde donde operar. Al mismo tiempo, se les requería la creación de un usuario en e una plataforma de comercio de criptomonedas con sede fuera de España (Exchange Coinbase),y realizar una transferencia por el importe mismo de la inversión a una cuenta bancaria de la que Coinbase es titular en Estonia.

Cuando la Coinbase recibía la transferencia ingresaba la cantidad en el monedero electrónico de su titular. Posteriormente, los inversores debían enviar sus aportaciones a monederos electrónicos a la empresa Arbistar que, desde ese momento y al menos durante los meses posteriores, gestionaba las inversiones, perdiendo todo control sobre las mismas los propietarios. Los responsables de la estafa prometían rentabilidades de entre el 8% y el 15% mensual, pagando de manera semanal y ofreciendo la opción de sumar estas ganancias a las cantidades iniciales invertidas o bien optar por el reembolso, tal y como lo detalla en su auto el juez José Luis Calama.

Esta trama presuntamente utilizaba una parte del dinero obtenido de unos inversores para entregárselo a otros como pago de las rentabilidades e intereses obtenidos en otras inversiones previas.  En un primer momento generaba una gran sensación de confianza sobre la seguridad y rentabilidad, de tal modo que ellos mismos se incentivaban para invertir una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor.

Este esquema buscaba también atraer a nuevas personas para que invirtieran a través de un “plan amigo” a partir del cual si los clientes conseguían incluir nuevos inversores tendrían una compensación.

En este contexto, LABE Abogados defiende el interés popular, pretendiendo representar a los afectados por esta macro-estafa, y poniendo a disposición popular sus medios personales y materiales para conseguir resarcir a las víctimas de esta trama criminal.

Todas las personas interesadas en integrarse en las correspondientes reclamaciones judiciales que desde este despacho se están ejerciendo, nos ponemos a su entera disposición para ofrecerles todo el asesoramiento que precisen, pudiendo contactar con nosotros por los distintos canales de comunicación que tenemos abiertos.