La industria de la gestión de activos en España es comparativamente joven.  Sin embargo, durante aproximadamente tres décadas de actividad, ha experimentado un notable proceso de desarrollo para convertirse en un mercado altamente profesional y eficiente.

 La desaceleración de los mercados financieros tras la crisis crediticia global (y, en particular, la crisis de la deuda soberana europea) en 2007 y 2008 afectó gravemente a los planes de inversión colectiva y fondos de pensiones españoles y, en general, al sector de la gestión de activos en España.  La recuperación se inició en 2013 y continuó hasta finales de 2019. A nivel macroeconómico, el PIB de España creció un 2% en 2019, impulsado principalmente por un ligero aumento del consumo privado y, sobre todo, de la inversión.  Sin embargo, esta tendencia positiva se detuvo en 2020 donde, como consecuencia de la crisis del Covid-19, el PIB español cayó un 10,8 %2.  Sin embargo, las medidas implementadas durante 2020 y 2021 para contrarrestar los efectos de la crisis del Covid-19 (especialmente, el programa nacional de vacunación) han dado lugar a previsiones positivas del PIB, que se espera que alcance el 5,9% para finales de año, y el 6,8% para 2022.

 En el aspecto regulatorio, la Unión Europea ha lanzado dos importantes iniciativas legislativas en los últimos años: la Directiva de Administradores de Fondos de Inversión Alternativa (AIFMD), y la versión revisada de la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID II).  La AIFMD, que tiene como objetivo proporcionar un marco regulatorio para los gestores de inversiones alternativo, fue transpuesto a la legislación española el 2014 mediante la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, de Entidades de Capital Riesgo, otros organismos de inversión colectiva de tipo cerrado y sus sociedades gestoras. Por otro lado, la MiFID II tiene como objetivo incrementar la transparencia, seguridad y eficiencia en los mercados financieros europeos y, si bien debería haberse transpuesto íntegramente el 3 de enero de 2018, para esa fecha España solo había realizado una transposición parcial del régimen legal aplicable.

La transposición de los tramos pendientes de MiFID II se completó a finales de 2018 mediante el Real Decreto Ley 14/2018. A nivel de la UE, la Directiva (UE) 2019/1160 y el Reglamento (UE) 2019/1156 pretenden armonizar la comercialización de Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y Fondos de Inversión Alternativos (FIA) en los países de la UE. Sin embargo, queda por ver cómo se transpone la Directiva 2019/1160 a la legislación española, ya que hasta el momento solo se ha realizado la consulta pública.

Por el lado del inversor, los datos provisionales de 2020 muestran que los activos gestionados por planes de inversión colectiva aumentaron un 4,6 por ciento (menos de la mitad del incremento experimentado en 2019, cuando el aumento fue del 10,4 por ciento; mientras que, en los activos gestionados por pensiones, los fondos aumentaron solo un 1,8 por ciento (lejos del aumento del 8,9 por ciento experimentado durante 2019).

 Los activos bajo gestión de planes de inversión colectiva y fondos de pensiones han aumentado de manera constante desde 2008, solo interrumpidos en 2018 debido al desempeño negativo de los mercados de valores.  A pesar de que la pandemia del Covid-19 ha provocado una desaceleración de la tendencia positiva, no ha habido una disminución de los activos gestionados por planes de inversión colectiva o fondos de pensiones.  Por ejemplo, en 2020 se registró un nuevo récord histórico en términos de activos gestionados: 525.291 millones de euros en el caso de las instituciones de inversión colectiva; y 118.523 millones de euros en el caso de los fondos de pensiones.  El ahorro privado familiar se ha incrementado durante 2020, y esto ha resultado en una subida de los activos bajo gestión.

El mantenimiento de las medidas implementadas por gobiernos, bancos centrales y supervisores nacionales al inicio de la crisis para mitigar los efectos en la economía marcará el desempeño de los mercados, con políticas monetarias muy expansivas, cuyos efectos en 2022 serán  principalmente el aumento de la confianza en los mercados de renta variable, el mantenimiento de la rentabilidad de la deuda y la reducción de las primas de riesgo.