Aquellos que no estén familiarizados con el concepto de criptomonedas pueden no saber que Bitcoin es una criptomoneda que opera en un sistema descentralizado ya que no está vigilada por ningún gobierno o institución financiera. El hecho de que las transacciones se realicen directamente entre personas, no estén reguladas y sean gratuitas es lo que las convierte en la mejor alternativa para los negocios. Cada vez más personas comprenden sus beneficios y se unen a la gran comunidad global que se ha creado.
Sin embargo, su legalidad está en debate. Bitcoin no es una moneda fiduciaria, lo que significa que los Estados no establecen su valor ni lo emiten. Su producción se basa en la minería de datos, y la confianza de quienes la compran, la venden y la minan. Ya hay países que lo han prohibido, incluidas China, Bolivia, Islandia y Rusia, porque no son fáciles de controlar por el estado.
Significativo es el caso de Venezuela, que a pesar de no prohibirlo, persigue a las personas que operan con criptomonedas. Y es que estas no son las que persigue específicamente, sino las granjas enfocadas a la minería que muchas personas optan por establecer debido a lo barata que es la electricidad en la país. Como resultado, el negocio es muy exitoso.
Fiscalidad de Bitcoin
El gobierno alentó a quienes manejan criptomonedas a declararlas, según una declaración de 2018 de María Jesús Montero, ministra de Hacienda de España. Algunos interpretaron la noticia como un esfuerzo por socavar el Bitcoin al imponerle un impuesto, así como a otras criptomonedas. El objetivo, según indicó la ministra, era identificar a los dueños de este tipo de moneda, los destinatarios del medio de pago y los saldos.
La “lucha contra el fraude” se mencionó cuando se anunció el borrador, y se explicó que el control se ejercería a través de casas de cambio y billeteras electrónicas, que requieren que los usuarios se registren con su información personal y sean verificados para que Hacienda pueda conocer sus posesiones de criptomonedas. Este control se extiende tanto a las divisas extranjeras como a las que se mantienen en España.
Por lo tanto, quienes operan con Bitcoins deben ser conscientes de que las ganancias de sus operaciones resultan en rentas que están sujetas al IRPF, específicamente con la calificación de ganancias de patrimonio. Los usuarios están obligados a notificar a Hacienda sobre sus tenencias de criptomonedas, incluida la cantidad de monedas que tienen y las transacciones que realizan con ellas, e incluirlas en la casilla 389. Enfatizamos que el objetivo era detener el lavado de dinero, la fuga de capitales y otras actividades ilegales.
El impuesto se aplica en tres categorías diferentes: 0 – 6.000 euros están sujetos a un impuesto del 19 %; 6.000 – 50.000 euros están sujetos a un impuesto del 21 %; y 50.000 euros y más están sujetos a un impuesto del 23%. Según el tiempo que se demore la no tributación genera un recargo del 5, 10 o 20%. No se le pedirá una multa.
Cuando la criptomoneda se convierte a euros, se intercambia por otra moneda o se usa en actividades de datos, se deben pagar impuestos. En la actualidad es necesaria la inscripción en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas de la Seguridad Social) para poder operar como tal.
Para qué se pueden usar los Bitcoins
Se deben pagar impuestos, por lo que es lógico que usar Bitcoins para realizar compras sea completamente legal. Además, mucho antes de 2018, en 2013, el Departamento del Tesoro de EE. UU. clasificó a Bitcoin como una moneda virtual descentralizada y publicó pautas que establecen que aquellos que adquieren monedas virtuales y las usan para realizar compras no se consideran transmisores de dinero y actúan dentro de los límites de legalidad vigente. Lo mismo se aplica a los mineros de bitcoin que convierten su criptomoneda en dinero “real”.
Siempre que siga las normas fiscales, puede comprar y almacenar Ripple o cualquier otra criptomoneda sin experimentar ninguna dificultad. Pero es cierto que, más de diez años después de la invención de las criptomonedas, todavía falta un marco regulatorio unificado que se aplique al mercado global.
Y como mencionamos, diferentes países tienen diferentes políticas con respecto a la admisión. El delito de realizar transacciones en bitcoins se castiga en Bangladesh con una sentencia máxima de 12 años de prisión. Más allá de buscar su uso, Ecuador creó un sistema estatal de dinero electrónico vinculado a la moneda local y dirigido por el Gobierno.
Infracciones con Bitcoin
El deseo de los gobiernos de saber quién posee las criptomonedas y cuántos ingresos producen tiene sentido. La falta de intermediarios, control y anonimato del sistema facilita el florecimiento de delitos como el tráfico sexual, el narcotráfico y la corrupción. De hecho, el grupo miliciano palestino Hamas, que los gobiernos occidentales consideran como una organización terrorista, desarrolló una campaña para recaudar dinero a través de Bitcoin, según un informe del New York Times en 2019.
A partir de ahora, la regulación de Bitcoins en España se basa en su industria de minería de datos y la fiscalidad de estas monedas, pero como ya hemos dicho, es necesaria una coordinación regulatoria internacional. Después de todo, el sistema se distingue por su naturaleza global.
