Los cuatro sectores que se verán más beneficiados por el nuevo acuerdo alcanzado en ayudas por la Unión Europea en España serán la movilidad, la sanidad, las infraestructuras y la cadena agroalimentaria.

El sector del automóvil, primer sector industrial, facturó en 2019 caso 70.000 millones de euros, lo que supuso alrededor de un 10% del PIB con un volumen de trabajo mayor a los 1,9 millones de empleados tanto directos como indirectos y una inversión de 2.700 millones.

Nuestro país es el segundo productor europeo de vehículo, solo después de Alemania. Pero es cierto que, las fábricas están en un periodo cambiante hacía una economía más sostenible, donde el principal protagonista es la electrificación y la competencia global.

Por otro lado, hay que sumar el impacto de la covid-19, la cual reducirá el volumen de mercado nacional un 5%, es decir, pasará de un 40% al 45% este año, sin contar con nuevas restricciones de confinamiento. Por ello, el Gobierno aprobó un plan de apoyo a este sector de 3.750 millones, incluidas subvenciones a la compra de vehículos.

Pero según la patronal del motor, Anfac, este apoyo es pequeño en comparación con el gran desafío que se presenta, por ello ha presentado un plan entre los años 2020 y 2040.

Con este plan se pretende aumentar el valor del mercado de la movilidad hasta llegar a los 310.000 millones y la creación de 1,5 millones de empleos, pero para conseguirlo se necesita una inversión de 54.000 millones durante 20 años.

No obstante, si no se hace nada el respecto “implicaría la perdida de cerca de 194.000 empleo y un impacto equivalente al de la crisis económica de 2012 sin posibilidad de recuperación, porque la industria actual quedaría obsoleta, fuera del mercado”, así lo ha indicado el presidente de la Asociación, José Vicente de los Mozos.

Ante esta situación, el Gobierno es consciente y por eso el Banco de España ya ha adelantado que tiene intención de destinar un 10% de los nuevos fondos europeos a la movilidad.

Otro de los sectores beneficiados será la Sanidad, debido al gran impacto que ha tenido por la pandemia y que factura unos 66.000 millones de euros anuales y es el responsable del 7,7% de empleo a nivel nacional.

Este sector siempre ha señalado la necesidad de incrementar el gasto público desde el 6% del PIB anual hasta un mínimo del 7%, lo que significaría más de 10.000 millones en un año.

Además, desde Bruselas ven necesario este fortalecimiento a nivel europeo desde las infraestructuras de salud hasta la investigación biomédica para producir dentro de la UE medicamentos y productos esenciales. Pero cabe indicar, que del plan de ayudas aprobado se ha caído una partida denominada “EU for Health” que contaba con 10.000 millones para todo Europa, aunque se mantienen los incentivos a la inversión para los países más afectados por el coronavirus.

Con respecto a infraestructura, la patronal Seopan, había calculado en el mayo que nuestro país necesitaría 157.000 millones de euros durante los años 2021 y 2030, y de este modo poder cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la ONU. Además, este desembolso generaría 144.870 millones de actividad económica inducida y la creación de 2,3 millones de nuevos empleos con un retorno fiscal de 77.159 millones.

Además, desde la patronal son consciente de la urgencia sanitaria por lo que incluyen 23.600 millones destinados a hospitales y a la ampliación de sus capacidades, incrementando así más de 56.300 camas, por lo que la capacidad asistencial pasaría del 14,6% al 21,7% de media en la OCDE.

Por último, cabe destacar que la crisis sanitaria está perjudicando la cadena agroalimentaria donde hay más de 30.000 empresas que pronostican una caída sustancial de su actividad llegando a tan solo el 8% de su producción, lo que supondría una destrucción de hasta 23.000 puestos de trabajo (directos e indirectos) sobre un total de 0,5 millones.

El director general de la patronal Fiab, Mauricio García de Quevedo, ha insistido en la necesidad de “desestimar incrementos de impuestos, desarrollar una campaña de promoción que fomente el turismo y asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias, la eliminación de aranceles adicionales a los productos agroalimentarios impuestos por Estados Unidos, facilitando el comercio, promover la unidad de mercado y evitar regulaciones autonómicas que resten competitividad y luchar contra el desperdicio”.