Regulación en la cesión de suelo público para la construcción de viviendas de alquiler social

Adolfo Pérez

Abogado

El Consejo de Ministros, ha aprobado este martes un Real Decreto-Ley, que, entre otras cosas, prevé varias medidas económicas para regular la cesión del suelo público para su construcción y gestión de viviendas de alquiler social. Nos referimos al Real Decreto-Ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. En concreto, las medidas en materia de vivienda se encuentran reguladas en el Capítulo VI, artículos 31 a 33.

De este modo, aumenta el periodo máximo de plazo del derecho de superficie hasta los 80 años (artículo 31.2) y se elimina la obligatoriedad del canon de explotación que tienen que pagar las promotoras y constructoras. En otras palabras, cuando el promotor planee construir y promover viviendas de alquiler social, las Administraciones Públicas podrán cederle los derechos de superficie del terreno público, y eliminar el canon, cuyo abono era obligatorio.

Todos los anuncios que el Ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha hecho hasta ahora tienen en común la falta de concreción de medidas y de avances más allá de los propósitos. Por ello, los promotores, fondos y constructores han mostrado su disposición para colaborar con las Administraciones Públicas, de cara a facilitar la efectiva aplicación de las medidas.

Como hasta ahora, el suelo público será adjudicado mediante una licitación pública, y será en el momento de la adjudicación del mismo cuando se establezca el canon a pagar por la promotora adjudicataria, o la eliminación del mismo.

Del mismo modo, el artículo 32 del RD-Ley permite también que las Comunidades Autónomas utilicen los fondos no utilizados en el Plan Estatal de Vivienda 2018 para nuevos proyectos en materia de acceso a la vivienda sin tener que reintegrar el dinero no utilizado al Estado, lo que agilizará el reparto o asignación de los importes sobrantes, por permitir la asignación directa de dicho importe a nuevos proyectos.

Además, también se ha aprobado la prórroga que va a permitir a las familias más afectadas por la crisis del covid-19 solicitar hasta el 29 de septiembre una moratoria de tres meses que les puede librar del pago de la hipoteca o de un crédito de consumo, tal y como estipula la Disposición final octava del RD-ley, que modifica el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Actualmente, ya son más de 200.000 personas las que se han beneficiado de esta medida y así, han evitado tener que pagar las hipoteca durante al menos 3 meses. Lo que supone el 83% de las solicitudes de esta moratoria hipotecaria tanto para primera vivienda como para los locales en los que trabajan los autónomos, y a la que se pueden acoger quienes han perdido su puesto de trabajo por un ERTE o han sufrido una bajada sustancial en sus ingresos.

Además, Abalos resaltó que la media de viviendas de alquiler social en Europa es del 5%, mientras que en España es de apenas el 2,5%. Por lo que esta medida, según el ministro, “tiene como objetivo dinamizar la economía y al mismo tiempo ir generando un parque de vivienda pública que no tenemos en España, que incluso ha ido a menos por determinadas políticas”.

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