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Compliance Tributario

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Abogados en Madrid

El compliance Tributario se trata de un sistema penal basado en la exigencia de culpabilidad y ante un delito contra la Hacienda Pública con un tinte doloso. Hay que tener muy en cuenta y valorar la voluntad de los sujetos y en especial, de las empresas. Solo se puede penalizar si el incumplimiento es intencionado y a propósito.

Te ayudamos a eludir el riesgo de sanciones por incumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto administrativas como penales.

Actualmente, se contempla como uno de los principales problemas que afectan a las empresas independientemente de su tamaño, sector de actividad o presencia nacional e internacional.

Se trata de un nuevo modelo de relaciones entre el contribuyente y la Administración Tributaria, es decir, entre los contribuyentes personas jurídicas, que realizan una actividad profesional.

Debido a las preocupaciones de la mayoría de las empresas acerca de este tema, nace el proyecto de norma UNE 19602 (Sistemas de gestión de compliance tributario. Requisitos con orientación para su uso) elaborado en la Asociación Española de Normalización con la colaboración de importantes universidades, firmas profesionales y algunas administraciones tanto autonómicas como locales.

Las normas UNE pueden ser de carácter voluntario, pero se vuelven obligatorias si vienen impuestas por Ley.

Esta norma tiene como objetivo la implantación de buenas prácticas tributarias a través de los correspondientes protocolos y facilitar el cumplimiento de esta norma. De esta manera se une al Código de buenas prácticas tributarias de Hacienda encaminado a Grandes Empresas. La nueva norma pretende proteger frente a todo tipo de riesgos fiscales.

Tendencias

¿Cómo te podemos ayudar?

Nosotros, a través del compliance tributario, en primer lugar, nos encargamos de realizar un análisis exhaustivo de la entidad, considerando su contexto y la estructura de su organización.

También hacemos una evaluación periódica de los posibles riesgos que podrían afectar a tu empresa. Una vez identificados, los valoramos y priorizamos.

A través del seguimiento personalizado que te ofrecemos, la revisión y el control del mismo, te garantizamos la eficacia de este sistema para aminorar los posibles riesgos tributarios.

Los riesgos tributarios afectan a todas las personas jurídicas sin excepción, por tanto, cada vez es más habitual que las empresas españolas se involucren en incorporar este tipo de praxis internas, para demostrar la transparencia y el cumplimiento de la norma.

Los beneficios que te ofrece incorporar este tipo de sistema en tu empresa son los siguientes.

  • Responsabilidad corporativa
  • Buen gobierno corporativo
  • Análisis del riesgo
  • Auto regulación
  • Mejora continua
  • Prevención de la responsabilidad corporativa

El certificado de compliance tributario exige más controles al personal del área financiera.

Esta norma se aplica a entidades de toda índole, independientemente de su tamaño, actividad o naturaleza. Por tanto, es necesario que periódicamente se revise el sistema para lenificar sus debilidades o deficiencias.

Todo tiene que estar controlado, y para ello, es necesario que se implante el compliance tributario y por tanto, que se emitan informes del mismo. Es una buena forma de mitigar los riesgos fiscales

En materia penal, este tipo de sistema tiene gran relevancia en otras esferas. Será especialmente importante cuando se generalicen otras prácticas que sean inherentes al cumplimiento cooperativo, como por ejemplo el profiling fiscal o la clasificación de los contribuyentes en función del grado de cumplimiento que acrediten o según los posibles perfiles de riesgo.

El compliance tributario mejora notablemente las condiciones de seguridad jurídica a la hora de cumplirse las obligaciones tributarias.

Aplicación práctica del Compliance Tributario

La Norma UNE ISO 19600 de 2015 ayuda a gestionar diferentes riesgos, incluso previene incurrir en el delito de defraudación a la Hacienda Pública.

Debido al sistema de doble incriminación, que entró en vigor en 2010 con la Ley Orgánica 5/2010, las personas jurídicas podrán ser condenadas por un delito si alguno de sus representantes o administradores han cometido un delito en provecho de la persona jurídica o si se ha llevado a cabo por alguno de los empleados.

Es decir, las personas jurídicas van a ser las responsables porque también lo son las físicas que actúan en su beneficio. Es por eso que la sociedad tendrá que acreditar que el compliance se utilizó de una manera adecuada.

En cambio, en 2015 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015 en la que concreta cuáles son los requisitos que se deben cumplir para eludir a las personas jurídicas de responsabilidad penal.

Aunque la UNE 19601 hace una serie de recomendaciones a las empresas para que puedan imponer el compliance, no se contemplan todos los requisitos que se deben cumplir. Algunas de las condiciones que tienen que concurrir para que se pueda poner de manifiesto la voluntad de cumplir de la empresa son los siguientes requerimientos:

  • La aprobación por parte de la dirección de una política tributaria que prohíba la comisión con dolo de infracciones.
  • Prohibición de la creación y fomento en la empresa de una cultura de cumplimiento fiscal.
  • Habilitación de un canal de denuncias interno para trasladar incumplimientos o debilidades.

Es muy importante que se implemente el formato que comprende la Norma UNE 19602, y además, el compliance favorece las condiciones de seguridad jurídica en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esto se extrapola tanto para organizaciones empresariales como no empresariales.

Propósitos de la UNE 19602

Esta norma acoge cualquier posibilidad que se pueda plantear en base al cumplimiento de las obligaciones tributarias.

  • Estipular una serie de medidas de control y vigilancia idóneas para la prevención de posibles riesgos tributarios y la reducción de forma significativa, su posible comisión.
  • Divulgar una cultura de prevención y cumplimiento en la organización.
  • Ofrecer una garantía de seguridad y confianza ante la Administración Tributaria, accionistas, inversores y órganos de gobierno.

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