La integración de la Directiva de Movilidad de la Unión Europea (Directiva 2019/2121/UE) en el marco legal español se ha realizado a través del Real Decreto Ley 5/2023, reemplazando la Ley 3/2009 sobre modificaciones estructurales de sociedades de capital. Aunque el régimen anterior se preserva en esencia, la nueva ley entrará en vigencia el 29 de julio de 2023, sin afectar las operaciones en curso previas a esa fecha. Estas continuarán bajo la ley ahora derogada.
Controversia en la Técnica Legislativa
Es imposible evitar críticas a la técnica legislativa utilizada. El Real Decreto Ley se promulgó mientras las Cortes estaban disueltas para elecciones, lo que impedía su aprobación parlamentaria. Además, este Decreto Ley abarca una variedad sorprendente de temas, incluyendo respuestas a la guerra en Ucrania, apoyo para la reconstrucción de la isla de La Palma, medidas para conciliar la vida laboral y familiar, y cambios significativos en las leyes de enjuiciamiento civil y penal.
Cambios en las Modificaciones Estructurales
Las modificaciones estructurales, para los propósitos de esta ley, incluyen la transformación, la fusión, la división, y la cesión global de activos y pasivos. El alcance de la nueva ley se amplía para aplicar no solo a las modificaciones estructurales que ocurren dentro de nuestras fronteras, sino también a aquellas que son transfronterizas, tanto dentro como fuera del Espacio Económico Europeo (EEE).
La ley anterior proporcionaba un régimen exhaustivo para cada tipo de modificación, resultando un tanto redundante. Sin embargo, la nueva ley contiene disposiciones generales aplicables a todas las modificaciones estructurales, ya sean internas o transfronterizas, y otras específicas para cada tipo de cambio estructural, así como algunas que se aplican generalmente solo a las modificaciones transfronterizas.
Modificaciones Internas Principales
La estructura y contenido del proyecto de modificación estructural se mantienen esencialmente como en la norma derogada. Las principales innovaciones son:
- Se debe incorporar certificados que demuestren que la sociedad cumple con sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
- Ahora también se requiere para las transformaciones.
- Debe incluir una referencia a la compensación en efectivo que recibirán los socios que prefieran abandonar la sociedad y a las implicaciones de la modificación para los acreedores, así como a las garantías ofrecidas a estos.
Protección de Socios y Acreedores
Antes de llevarse a cabo, se debe publicar un anuncio en el sitio web de la sociedad que informe a los socios, acreedores y trabajadores que pueden hacer observaciones a la propuesta de modificación hasta cinco días hábiles antes de la junta general.
La protección de los socios se ve modificada, reemplazando el derecho de separación de los socios por el derecho a enajenar sus acciones o participaciones. Este derecho aplica en los mismos casos que el anterior: las transformaciones por cambio de tipo social y las fusiones por absorción de sociedad participada de forma directa al menos en un 90%, pero no en su totalidad, si no se elaboran informes de administradores y experto.
En relación con los acreedores, los administradores deben hacer constar en el proyecto las implicaciones de la operación para ellos y las garantías que se les ofrecen.
Operaciones Transfronterizas
Las empresas involucradas en la modificación deben obtener un certificado emitido por la autoridad competente que acredite la legalidad de la operación de acuerdo con la legislación de su estado. En España, esta responsabilidad corresponde al Registrador Mercantil.
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Conclusión
En conclusión, la implementación de la Directiva de Movilidad de la Unión Europea en España a través del Real Decreto Ley 5/2023 introduce una serie de cambios significativos en las regulaciones para las sociedades de capital, que entrarán en vigencia a finales de julio de 2023. Estas reformas estructurales tendrán un impacto duradero en el entorno empresarial español y europeo.
