PENAL ECONÓMICO

Delitos contra la Hacienda Pública

Delitos contra la Hacienda Pública

Abogados expertos en delitos contra la Hacienda Pública

En LABE Abogados contamos con un equipo de especialistas en derecho penal económico y ponemos a su disposición nuestra amplia experiencia en procedimientos penales por delitos contra la Hacienda Pública.

Como expertos en delitos contra la Hacienda Pública tenemos como principal objetivo encontrar en todo momento la mejor solución para nuestros clientes.

El delito contra la Hacienda Pública está regulado en el Código Penal español y consiste en la defraudación fiscal en perjuicio de la Administración Pública.

Las personas que incumplan con sus obligaciones tributarias o bien perciban devoluciones o beneficios fiscales de forma indebida, estarán cometiendo un delito contra la Hacienda Pública.

Si se encuentra ante un procedimiento penal por un delito contra la Hacienda Pública no dude en contar con los servicios del equipo de abogados especializados de LABE que le ayudarán durante todo el proceso para maximizar sus opciones de éxito.

FAQS

Solventamos tus dudas

Hay que tener en cuenta que para que esas conductas se consideren delito, la cuantía defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta, o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos, exceda de 120.000 €.

Sin embargo, si el fraude se comete contra la Hacienda de la Unión Europea, la cuantía para que sea delito es menor; basta con exceder los 50.000 €. Esto no significa que defraudar por debajo de esas cantidades quede sin consecuencias, sino que esas consecuencias no son penales, sino administrativas.

Además existen modalidades agravadas; es decir, conductas que son también fraude fiscal pero que debido a circunstancias concretas se consideran más graves que la modalidad básica, y por ello su pena es mayor. Estas modalidades son las siguientes:

  • Que la cuantía de la cuota defraudada exceda de 600.000 €.
  • Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización criminal.
  • Que se para defraudar hayan utilizado “sociedades pantalla”, “personas interpuestas”, o paraísos fiscales; es decir, que se haya dificultado u ocultado a la persona realmente responsable del delito o su patrimonio.

El fraude fiscal solo puede ser cometido por quien está obligado a pagar un tributo, practicar retenciones por la norma tributaria. Por ello, puede ser sujeto activo tanto una persona física como una persona jurídica. Engloba varias conductas:

  • Eludir el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta. Actualmente es muy común que se produzca la elusión del pago de impuestos por medio de los paraísos fiscales.
  • Obtener indebidamente devoluciones o disfrutar indebidamente de beneficios fiscales.
  • Los Jueces incluyen también el ocultar de la Hacienda Pública elementos patrimoniales adquiridos ilícita o delictivamente, como por ejemplo, el “dinero negro” obtenido del tráfico de drogas, aunque esta conducta suele terminar siendo castigada por el blanqueo de capitales, que podría absorber la infracción fiscal.

La pena se aplicará en su mitad superior cuando concurran algunas circunstancias:

  • Cuando se usa personas con el fin de ocultar el verdadero obligado tributario.
  • La especial trascendencia del fraude fiscal.

Además de estas penas, en el juicio, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas de derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales de la seguridad social durante un periodo de tres a seis años.

Si antes de que la Administración Tributaria inicie un procedimiento de comprobación o investigación a una persona fisica o jurídica esta regulariza su situación tributaria, quedaría exentas de responsabilidad pena. Es decir se regularice antes de que el Ministerio Fiscal o el Abogado del Estado inicien la correspondiente denuncia o querella.

Igualmente se considera delito defraudar a los presupuestos generales de la Unión Europea u otras administraciones de esta, en cuantía superior a 50.000 euros, eludiendo el pago de cantidades que se deban ingresar. La pena aplicable es una pena de prisión de entre uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía.

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