Delitos contra la Hacienda Pública

El fraude fiscal solo puede ser cometido por quien está obligado a pagar un tributo, practicar retenciones por la norma tributaria. Por ello, puede ser sujeto activo tanto una persona física como una persona jurídica. Engloba varias conductas:

• Eludir el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta. Actualmente es muy común que se produzca la elusión del pago de impuestos por medio de los paraísos fiscales.
• Obtener indebidamente devoluciones o disfrutar indebidamente de beneficios fiscales.
• Los Jueces incluyen también el ocultar de la Hacienda Pública elementos patrimoniales adquiridos ilícita o delictivamente, como por ejemplo, el “dinero negro” obtenido del tráfico de drogas, aunque esta conducta suele terminar siendo castigada por el blanqueo de capitales, que podría absorber la infracción fiscal.

La pena se aplicará en su mitad superior cuando concurran algunas circunstancias:

• Cuando se usa personas con el fin de ocultar el verdadero obligado tributario.
• La especial trascendencia del fraude fiscal.

Además de estas penas, en el juicio, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas de derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales de la seguridad social durante un periodo de tres a seis años.

Si antes de que la Administración Tributaria inicie un procedimiento de comprobación o investigación a una persona fisica o jurídica esta regulariza su situación tributaria, quedaría exentas de responsabilidad pena. Es decir se regularice antes de que el Ministerio Fiscal o el Abogado del Estado inicien la correspondiente denuncia o querella.

Igualmente se considera delito defraudar a los presupuestos generales de la Unión Europea u otras administraciones de esta, en cuantía superior a 50.000 euros, eludiendo el pago de cantidades que se deban ingresar. La pena aplicable es una pena de prisión de entre uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía.