Principales hitos de la Justicia española en 2020

El Ministerio de Justicia ha hecho un balance de las medidas que han adoptado, entre las que destaca las implementadas contra el coronavirus o las que se han hecho realidad mientras ha durado la pandemia como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) a través de la que se da a los fiscales las instrucciones penales.

Del mismo modo, también resaltan el anteproyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía Europea, gracias al cual han aportado grandes pasos hacia una Unión Europea libre, segura y justa.

Con esta reforma del proceso penal se cumple el objetivo unísono del sistema español con el resto de países de su entorno, donde la investigación está al cargo del fiscal, al igual que la incorporación de la nueva figura del fiscal europeo al ordenamiento jurídico.

Por todo ello, la nueva LECrim va a suponer una transformación en todo el proceso penal y según señalan desde el Ministerio “más acorde y totalmente coherente con la arquitectura del Estado de Derecho que establece nuestra Carta Magna”.

Pero como decíamos antes, con la llegada de la pandemia debido a la covid-19 desde el Ministerio han tenido que hacer frente a las consecuencias que ha conllevado y por ello salió adelante la ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a al coronavirus dentro de la propia Administración de Justicia, planes y actuaciones para que no se colapsarán los juzgados y tribunales, y el nuevo modo de trabajo desde casa.

Por otro lado, cabe indicar el nuevo proyecto del Ministerio de Justicia ‘Justicia 2030’ para modificar el Servicio Público a través del diálogo la transparencia y la cogobernanza para conseguir hacer del servicio público de Justicia uno más accesible y eficiente.

Otras medidas adoptadas han sido la constitución del grupo de trabajo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la vertebración del sistema de Justicia en el país.

Tras todos estos avances, aún le queda al Ministerio de Justicia diversos retos para este nuevo año 2021 como la modificación del Código Penal para incorporar directivas comunitarias y reformas de los delitos de sedición y rebelión. Además, de la actualización de tipos penales para potenciar la lucha contra nuevas formal de criminalidad, como la ciberdelincuencia.

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