Justicia y política: una relación de conveniencia

Adolfo Pérez

Abogado

Existe una impresión muy extendida entre los españoles de que no existe una auténtica separación de poderes tal y como la concebía Montesquieu. Y razones para sospechar no les faltan.

Si bien es cierto que en España los políticos no nombran a los jueces, sí que es una realidad que los partidos son los encargados de nombrar a los responsables del máximo poder judicial, el Consejo General del Poder del Judicial (CGPJ), que a su vez tiene un enorme poder sobre el resto de instituciones y tribunales. Por otro lado, varios jueces y asociaciones han coqueteado con la política, lo que no ayuda a mejorar la percepción que los ciudadanos tienen de ellos.

¿Cómo se reparten los políticos el pastel?

Los 12 magistrados del Tribunal Constitucional son directamente nombrados por el:

  • Gobierno (dos magistrados)
  • Congreso de los Diputados (cuatro magistrados nombrados por mayoría de tres quintos de los diputados)
  • Senado (4 magistrados nombrados por el mismo porcentaje que el anterior)
  • Consejo General del Poder Judicial (dos magistrados), un órgano gubernamental cuyos miembros son a su vez nombrados por el Congreso de los Diputados y el Senado. Si un jurista es vetado por alguno de los partidos mayoritarios no tiene ninguna oportunidad de acceder al CGPJ como vocal.

Por su parte, todos los magistrados del Tribunal Supremo son nombrados por el CGPJ.  A esto hay que sumar que no hay criterios objetivos y rigurosos para calificar los méritos de los candidatos que se presentan al Tribunal Supremo, lo que otorga al CGPJ un amplio poder para nombrar a los magistrados políticamente más convenientes.

Montesquieu ha muerto

En los inicios de la democracia española, de 1981 a 1985, eran los jueces quienes designaban a sus propios representantes en el CGPJ. Fue  Felipe González quien reformó el sistema para que fuesen las asociaciones judiciales y los partidos quienes designasen a los vocaleso. Se justificó bajo el pretexto de impedir “una dictadura de los jueces” que no representase la voluntad popular expresada en las urnas.

 “Montesquieu ha muerto!”, clamó entonces Alfonso Guerra, vicepresidente de aquel Gobierno. Lo cierto es que fueron sus propios compañeros de fila quienes lo liquidaron.

Entonces, ¿la culpa es exclusivamente de los políticos?

La culpa de esta situación no es exclusiva de los políticos. En ocasiones, el pecado original lo cometen los propios jueces. En España, las asociaciones judiciales profesionales «representan opciones ideológicas y se identifican con partidos políticos», tal y como alertó el actual presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. Los comunicados y las declaraciones de los portavoces de la conservadora Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) o la progresista Jueces para la Democracia (JpD) dan buena cuenta de ello.

Tampoco ayuda que jueces mediáticos, como Baltasar Garzón o Grande Marlaska, hayan saltado a la política o que otros muchos sean afiliados a partidos políticos.

¿Qué dice Europa al respecto?

El Consejo de Europa lleva más de una década pidiendo la completa despolitización de la Justicia y que los magistrados no sean designados, directa o indirectamente, por los políticos. Entre sus recomendaciones se encuentra que se establezca un baremo objetivo de mérito para el proceso de selección del Tribunal Supremo y que el Fiscal General del Estado sea nombrado por expertos de la judicatura o los propios fiscales.

Según datos de un informe del mismo organismo, España está a la cola en percepción de la independencia judicial. Un 58% de los españoles la consideran «mala» (39%) o «muy mala»(19%). Estos datos sólo son ligeramente mejores que tres de los 28 países en la Unión Europear: Bulgaria, Croacia y Eslovaquia. Además, año tras año, estos datos empeoran.

¿Cómo se podría solucionar este embrollo?

Ciudadanos e incluso  políticos y jueces de todos los colores están de acuerdo en un punto: hay que reformar la Justicia en profundidad. Esta reforma debería escapar de todo cualquier político y no tener otro fin que el de fortalecer el Estado de Derecho y la separación de poderes.

Una posible solución podría ser la de conceder a los altos magistrados un carácter vitalicio, tal y como recomienda Manuel Martín desde el periódico ABC. De esta forma, se blindaría a los magistrados de la influencia que pueda ejercer el Gobierno de turno en su toma decisiones.

También ayudaría prohibir a los jueces del Tribunal Consitucional militar en partidos, opción que a día de hoy tiene el rechazo de PP y PSOE.

Por otro lado, también está en marcha una iniciativa que  pide dar más participación a jueces no asociados para que no sean las asociaciones las que elijan a sus miembros y prohibir 

Montesquieu está herido de muerte. Pero aún estamos a tiempo de reanimarle.

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